Este jueves, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, descartó que existieran ilegalidades dentro del decreto gubernamental que dio paso a la Comisión Asesora contra la Desinformación.

Según consignó Radio Bio-Bio, la máxima autoridad de la Contraloría sentenció que, jurídicamente, no existe ningún impedimento para la conformación del comité, descartando así ilegalidades en torno a su existencia.

Esta iniciativa, de carácter temporal, compuesta por académicos, profesionales, representantes de la sociedad civil y organizaciones de fact-checking, fue anunciada la semana pasada por la ministra vocera, Camila Vallejo (PC).

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Su objetivo es asesorar a las ministras de Ciencia y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) “en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.

Luego que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial, representantes de la derecha chilena manifestaron su incomodidad con la nueva política. Incluso, la UDI fue más allá y anunció que llevará a la comisión ante el Tribunal Constitucional, acusando que restringe la libertad de expresión.

Junto con esto, acusaron la ilegalidad del decreto. Expresaron en sus alegatos que cualquier modificación que se requiera hacer de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, debería ser por la vía de una modificación legal, y no a través de un decreto.

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Al respecto, el contralor Bermúdez expresó que la iniciativa “fue objeto de control previo de legalidad, es decir, se contrastó el ordenamiento jurídico con lo que se estaba diciendo en ese acto administrativo, en el control previo de legalidad que se llama toma de razón”.

“La Contraloría no detectó ningún problema en la creación y en la dictación de ese decreto”, sentenció.