Apoderadas de primero básico del Liceo Experimental Artístico (LEA) de Santiago se encuentran atravesando un difícil conflicto legal con el establecimiento, en el que se ha involucrado la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, la Defensoría de la Niñez y la Superintendencia de Educación.

Cuatro profesores del liceo fueron mencionados en el testimonio de una niña de seis años, alumna de 1º básico, como responsables de haber abusado sexualmente de ella, además de violarla, golpearla y amenazarla para que “no le contara a su mamá”.

De acuerdo con la denuncia ingresada ante la Fiscalía Centro Norte, donde el próximo 8 de junio deberá declarar por videollamada a la PDI, la menor de edad nombra, como presuntas víctimas, a otros seis compañeros de curso.

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Todo comenzó la semana del 20 de abril, cuando la niña le contó a su mamá que ya no quería hacer pipí en el colegio. Según le dijo a Javiera –nombre ficticio de la madre para proteger a la testigo–, escuchó que niñas de otro curso de básica realizaban actos de connotación sexual entre ellas en el baño.

Al oír esto, y luego de conversaciones con otras madres y padres del curso, Javiera llamó la atención del establecimiento y se reunió con la directora de enseñanza básica y la encargada de convivencia escolar del recinto, quienes le replicaron que estaba “exagerando” y que el comportamiento era “normal”.

Finalmente, la convencieron de no denunciar ante el Ministerio de Educación, aunque sí lo hizo ante Carabineros el 21 de abril. Pero dos días después, un dibujo donde se veía a la profesora de educación física, realizado por la niña, encendió las alarmas de Javiera.

En los días siguientes, la menor relató a su familia los hechos. La profesora de educación física, Priscilla Martínez, la habría “agarrado del pelo”, para “arrastrarla” hacia la sala de Teatro, donde comenzó a “interrogarla” sobre “si sus papis tienen problemas”.

Amenazas y violencia sexual

Luego, procedió a abusar sexualmente de ella y a amenazarla. En palabras de la niña de seis años, le aseguró que iba a “decirle a la directora que se portaba mal” y le iba a “decir a todos que sus papás tenían problemas de pareja”.

Eso fue lo primero que se atrevió a contar, pero después nombró a Ivon Rojas, co-educadora de primero básico, Nathaly Oria, profesor jefe de primero básico, y José Araya Veliz, profesor de teatro de básica.

Las dos primeras, de acuerdo con el testimonio de la niña, incurrieron en los mismos actos que Martínez, además de golpearla. Por otro lado, el profesor de teatro, el único que no le “pegó”, la amenazó “de que si contaba la iba a matar”. Posteriormente la infante lo apuntaría como su violador.

Javiera relata a El Desconcierto que “la escuela desde el primer segundo negó todo, y han estado desde siempre negando la situación. Han mentido para perjudicarme”, agrega.

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El día que la niña contó a su madre sobre los abusos sexuales y la violación, ella fue al LEA para informar al director del establecimiento, Francisco Calderón, quien activó los protocolos correspondientes, según información a la que tuvo acceso El Desconcierto.

Un 25 de abril llegó una circular a todos los apoderados, donde se señalaban las acciones del Liceo, que consistían en, primero, “la inmediata separación de sus funciones” de los trabajadores, “mientras dure la investigación dispuesta para el esclarecimiento de los hechos”.

Dicha versión contradice la del abogado que representa a los cuatro profesores, Claudio Gonzalez, quien señaló a El Desconcierto que más que alejarse de sus funciones, los docentes solo comenzaron a trabajar vía remota.

Independiente de ello, el colegio realizó “la denuncia al Ministerio Público, colocando a disposición todos los antecedentes e información con la que contamos”. El 8 de mayo, la Universidad de Santiago de Chile (Usach), sostenedora del colegio, presentó su propia denuncia penal ante la Fiscalía.

Cinco apoderados han mantenido a sus hijos alejados del Liceo Experimental Artístico desde que se supo sobre el caso, pero otros no creen el relato de la niña. De acuerdo con Javiera, esto se puede deber a que la directiva del LEA, pese a activar los protocolos, a puertas cerradas insiste en la inocencia de los trabajadores.

“Al otro día que yo les conté, les dijeron a los apoderados que yo estaba entregando información confusa, que lo más probable es que eran injurias, y que me iban a demandar”, lamenta la mujer.

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“La escuela dice que es mentira porque piensan que yo estoy inventando todo. En este momento tuve incluso que denunciar a mi familia, porque me intentaron quitar a mi hija por este motivo, diciendo que todo era falso. Inventaron que yo violentaba a mi hija”, agrega Javiera.

La Superintendencia de Educación siguió el caso de cerca para asegurar el cumplimiento del protocolo, revisar la “idoneidad técnica y moral de docentes y asistentes de la educación y medidas de resguardo a favor de él o la estudiante afectada”.

Según indicaron a El Desconcierto, “este procedimiento resultó con un acta sin observaciones o acta satisfactoria debido a que el establecimiento aplicó cada una de las medidas contempladas en su protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual”.

Sin embargo, Javiera cuestiona la lentitud de las medidas por parte del LEA. Dicho protocolo establece que, si se informa de la posible participación de un funcionario del establecimiento, este debe ser apartado de sus funciones “de inmediato”.

Pero otra apoderada, dos días después de que Javiera hiciera la denuncia, vio al “profesor José vinculándose y abrazando a niños” dentro del colegio.

En tanto, la Defensoría de la Niñez fue contactada por las apoderadas, y su Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial se encuentra recabando los antecedentes adicionales que necesitan para el caso.

Denuncia “infundada”, según los abogados

La defensa legal de los cuatro profesores, en manos de Claudio González y Luis Peredo, señala a El Desconcierto que “éstos sostienen su total y absoluta inocencia en los hechos. Se trata de educadores con una intachable carrera profesional que se han visto mancillados con esta denuncia infundada”.

“Los docentes se han hecho parte en la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público, con el objeto de acreditar su inocencia, y posterior a ello, perseguir las responsabilidades legales que correspondan para resarcir el daño provocado a su honra”, agregan.

Además indican que “cabe recalcar que los docentes denunciados han sido las únicas víctimas en este proceso, pues se les ha tratado como culpables en todo momento, existiendo claros antecedentes, por un lado, que acreditan su total inocencia y, por otro lado, que permiten desacreditar la legitimidad de la denuncia interpuesta”.

“Debemos recordar que nuestra legislación vigente contempla la garantía constitucional de presunción de inocencia en favor de los cuatro docentes, así como respecto de cualquier otro ciudadano de nuestro país. Presunción que mantiene su vigor hasta que se demuestre lo contrario”, concluyen los abogados de los funcionarios.