"Uno tiene que ir muy lejos, para saber hasta dónde se puede ir” - H. Böll

Chile ha experimentado una convergencia económica y una reducción sostenida de la pobreza en las últimas décadas, si bien teniendo importantes contradicciones.

Desde una perspectiva puramente económica, los resultados del "modelo chileno" han ido a la baja. En la década de los 90’s la economía chilena creció en promedio un 6,3%, en la década del 2000 un 4,3% y en la década del 2010 un 2,2%.

Chile se caracteriza por su especialización productiva en bienes de baja tecnología e intensivos en recursos naturales, con un bajo gasto en I+D. El país ha logrado cierta convergencia con la frontera tecnológica media internacional en algunos sectores económicos como la minería, pero según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), la tendencia de la productividad agregada lleva años estancada.

Asimismo, Chile presenta una persistente división entre un reducido número de empresas grandes y productivas, y una larga cola de micro, pequeñas y medianas empresas con un desempeño de productividad considerablemente más débil.

Según la CNEP, durante la década de los noventa el crecimiento promedio anual de la productividad estuvo en torno al 2,3% y, de haberse mantenido ese ritmo, el país tendría un nivel de ingreso per cápita un tercio superior al actual.

A nivel social la preocupación ha aumentado en los últimos años ante las evidentes fracturas que se han producido en la sociedad chilena.

El estallido social de octubre de 2019 ha revelado debilidades muy profundas de percepción de equidad en el tratamiento y goce de derechos, en la distribución y cuidado de los recursos naturales, la justicia, el poder, la seguridad y, sobre todo, en la capacidad del Estado y de las instituciones públicas en dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

Según la OCDE, más de la mitad de los chilenos son económicamente vulnerables; no son contabilizados como pobres, pero permanecen en riesgo de pobreza. Tienen baja productividad, muchos trabajan en empleos informales asociados a poca protección laboral e ingresos inestables.

En el ámbito medioambiental, Chile se enfrenta a desafíos como la contaminación atmosférica, del suelo y aguas, la crisis climática, los residuos tóxicos, las amenazas a la biodiversidad, entre otros. El sobreenfoque en la eficiencia de los mercados ha llevado a ignorar múltiples fallas de mercado.

La incapacidad de los mercados mal regulados para internalizar los costos de la destrucción ambiental o la mala gestión de recursos naturales ha conducido a costos acumulativos e injusticias que hoy son evidentes en muchos territorios del país.

“Uno tiene que ir muy lejos, para saber hasta dónde se puede ir”; todavía nos falta desarrollar conocimientos y experiencias que catalicen la transformación social, económica y ecológica que requiere el país.

Un elemento destacable del proceso constituyente anterior, es que una amplia mayoría de la población se manifestó a favor del diálogo y contraria al clásico binarismo oficialismo-oposición. No obstante, como en tantos otros temas, el campo político ha generado altos costos de transacción para rediseñar y redefinir una estrategia de desarrollo aparentemente agotada.

Se han abierto ventanas tecnológicas interesantes para el país en los últimos años. Chile es un socio deseado por diversos países del norte global para avanzar en la transición energética. Por ejemplo, el país tiene una de las mejores condiciones en el mundo para la producción de hidrógeno verde debido a su variada orografía, intensidad y disposición de fuentes renovables.

A su vez Imme Scholz, Presidenta de la Fundación Heinrich Böll, plantea que, con la estrategia del litio, Chile puede aprovecharse de un régimen competitivo el cual le permita generar conocimientos, tecnología e ingresos públicos, necesarios para sumarse a la revolución tecnológica que transformará las grandes economías del siglo XXI.

Es fundamental reconocer el hecho de que el medio ambiente y sus recursos son la base de nuestra economía, y que esta base está sometida a procesos de agotamiento y degradación debido a las reglas y métodos de producción imperantes, los cuales ponen en peligro los ecosistemas y los servicios que estos proveen.

Requerimos un uso sostenible, garantizando que las generaciones futuras tengan igual acceso a los recursos renovables, y que el ritmo de explotación de los recursos no renovables permita invertir a tiempo en sustitutos.

Iniciativas como la bancada climática, la cual buscaría desde un amplio espectro político agilizar proyectos que pongan en el centro del debate nacional el cuidado del clima y el medio ambiente, como la Ley de Glaciares, finalizar la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas o la modificación del Sistema de Evaluación Ambiental, son un tremendo aporte.

No obstante, ya ha habido iniciativas así en el pasado, siendo inaceptable e inexplicable para la ciudadanía que estas problemáticas se sigan postergando.

La evolución institucional y la superación de nuestros conflictos socioambientales exigen un sincero tránsito por el camino de los acuerdos, la transparencia y la evidencia en la toma de decisiones.

A los responsables políticos les queda comprender que, en términos de estrategia de desarrollo, hoy en día se combinan objetivos medioambientales, sociales y económicos. Una estrategia que logre abordar sólo algunas dimensiones de la realidad actual será socialmente menos preferida que una estrategia más integral.