Cuatro instituciones del Estado han tenido que salir a entregar explicaciones después que trascendiera que una postulante al Consejo Constitucional, del Partido De la Gente (PDG), pudo inscribir su candidatura pese a haber sido condenada por narcotráfico.

Se trata de Karla Angélica Añes Gajardo, de 42 años, que estuvo cumpliendo una pena de cárcel hasta el 2016, por transportar medio kilo de cocaína desde Antofagasta hasta Santiago, en vísperas de las fiestas patrias.

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Pese a declarar su renuncia a la carrera electoral, donde buscaba representar a la Región de Arica y Parinacota, el nombre de Karla Añes igual aparecerá en todas las papeletas este domingo 7 de mayo.

El escándalo, que podría costarle votos valiosos al PDG en el norte, ha logrado involucrar a dos de los tres poderes del Estado, y tiene a las autoridades del país lanzándose dardos para dar con los responsables del error.

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Primero, se apuntó al Servicio Electoral. Pero desde La Moneda, el presidente de su consejo directivo, Andrés Tagle, confirmó que Karla Añes efectivamente estaba inhabilitada para cargos públicos, pero “de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplida su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía”.

“Se nos notificó ese cumplimiento de la pena y la recuperación de su ciudadanía en el año 2017 por el Registro Civil, por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio”, aseguró Tagle.

Sin embargo, distintos expertos jurídicos respondieron rápidamente ante el desentendimiento del Servel, explicando que el mismo artículo citado por Tagle indica que aquellas personas condenadas por delitos de narcotráfico o terrorismo, deben solicitar la habilitación de sus derechos ciudadanos al Senado.

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¿Qué dijeron el Senado y el Registro Civil?

No hay registros de esta petición en el Senado, segunda institución que debió responder por el escándalo. Consultados por El Desconcierto, desde el departamento de comunicaciones de la Cámara Alta aseguraron que “el Senado no tiene registro de una solicitud en tal sentido”.

De hecho, en su plataforma digital, desde el 2010, año que fue detenida la candidata por primera vez, a la fecha no figura el nombre de Karla Añes como solicitante de una rehabilitación de ciudadanía.

Por otro lado, el Registro Civil tampoco se responsabilizó por el descuido. Consultados por El Desconcierto, en relación a las palabras de Tagle, desde el equipo de comunicaciones aseguraron que es deber del órgano electoral revisar la información alusiva a condenados.

“El Registro Civil informa sobre el inicio y el término de una condena y le remite además el rol de la causa para que Servel lo chequee, sin perjuicio de la comunicación que directamente realiza el tribunal respectivo sobre la condena al Servel”, explicaron.

Investigación interna

Este viernes, Andrés Tagle anunció una investigación interna dentro del Servel para esclarecer la situación y descubrir “por qué estuvo calificada como una condena general y no una condena de drogas” desde el 2012, dentro de los datos que recibe el órgano.

Así, dio a entender que podría ser una negligencia del Poder Judicial, explicando a renglón seguido que son los tribunales los que notifican al Servicio Electoral respecto a las condenas de penas aflictivas.

Junto a esto, el presidente del consejo directivo del Servel declaró ante los medios, al ser consultado por cómo se puede haber incurrido en esta negligencia, que “no necesariamente tenemos la sentencia completa”.

Pero ingresando a la oficina virtual del Poder Judicial, que es de acceso público, cuando Gendarmería dio notificación sobre el cumplimiento de la condena de Karla Angélica Añes Gajardo, especificó que era por narcotráfico, misma información contenida en la sentencia.

Oficio al Servel y Registro Civil

Ante el escándalo, parlamentarios se movilizaron transversalmente para descubrir las responsabilidades de los organismos en el caso.

El diputado Rubén Oyarzo del Partido De la Gente (PDG), anunció que oficiará al Servel y al Registro Civil, con el objeto de solicitar información respecto de las actuaciones de revisión de candidatas y candidatos realizadas en el marco del proceso de elecciones de consejeros constitucionales.

Oyarzo pidió “información sobre los mecanismos del Servicio Electoral para identificar posibles irregularidades en la inscripción de candidatos, indicando cómo se verifican los antecedentes penales y las condenas que prohíban, inhabiliten o incompatibilizan a un candidato para asumir un cargo público. Y cuál es la coordinación que tienen con el Registro Civil para estas tareas”.