Mitad de las y los defensores de DDHH asesinados en 2022 eran defensores ambientales
La organización Front Line Defenders lanzó su informe 2022, un documento que muestra la situación de personas que han dedicado su vida a la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Este análisis global registró que el año pasado 401 defensores fueron asesinados en 26 países.
El informe analiza el alcance y la gravedad de las violencias contra las personas defensoras, pero también describe la resiliencia de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de muertes de personas defensoras de derechos humanos, como lo afirmó la directora interna de la organización, Olive Moore. También es el lugar en donde observan “un panorama más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, sumándose a la guerra de Ucrania y Rusia”.
De los cinco países del mundo que concentraron más del 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, cuatro son latinoamericanos: Colombia (186), México (45), Brasil (26) y Honduras (17). A ellos se suma Ucrania con 50 casos. El informe sostiene que el ámbito de defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 %) del total de asesinatos.
Front Line Defender es una organización que se creó en 2001 y se dedica a la protección de los defensores de derechos humanos a nivel mundial. Tiene sedes en América, Asia, África, Medio Oriente y Europa. Desde el 2013, publica sus informes de análisis global en los que reporta las distintas violencias que sufren los defensores de derechos humanos.
Colombia, el país con más asesinatos de defensores
En 2022, el 46 % del total de los homicidios de personas defensoras se registró en Colombia. La organización Somos Defensores, documentó 186 asesinatos. El 22 de febrero de ese año, por ejemplo, en el departamento del Cesar, en Colombia, fueron asesinados Jorge Tafur y Teófilo Acuña, líderes que defendían el complejo cenagoso de la Zapatosa, uno de los sitios Ramsar del país.
En 2019 Acuña, junto con otros tres líderes, fueron detenidos y acusados de los delitos de terrorismo y nexos con grupos armados. Los procesos judiciales no llegaron a ningún lado y fueron absueltos, pero la mancha sobre su trabajo continuó. La captura de Acuña fue utilizada como excusa por los grupos armados ilegales para tacharlo de enemigo y posteriormente asesinarlo, aseguran integrantes de la Comisión de Interlocución el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), organización de la cual Acuña era líder.
La violencia no solo se ha traducido en el asesinato de los defensores sino también en la estigmatización, la judicialización, las amenazas constantes a ellos y a sus familias. En el caso de Latinoamérica, la amenaza de muerte fue la agresión más frecuente.
Front Line Defenders documentó que a nivel mundial, los líderes y lideresas les fueron imputados cargos legales. Entre los más nombrados están seguridad nacional, estatal y sedición con 19,0 %; terrorismo, membresía o apoyo a una organización terrorista 12,8 %; difamación e insultos al Estado 10,1 %; difundir noticias falsas o rumores/propaganda (9,0 %) y otros cargos penales (21,8 %).
Para el Colectivo José Alvear Restrepo, en Colombia ha sido utilizada la judicialización para acabar con los procesos organizativos, las luchas comunales y estigmatizar a los defensores. La abogada Yessika Hoyos Morales, que lleva varios procesos de líderes que han sido denunciados ante la justicia, afirma que, “la judicialización llega después de una protesta o movilización social donde el líder debe enfrentar a la justicia. Normalmente, el proceso se acaba y empieza la lucha para que ese defensor sea reparado ante el Estado. Llevamos procesos que empezaron en 2002 y a la hora los líderes no han sido reconocidos como víctimas”, enfatizó.
Tras la muerte de Acuña y Tafur fue asesinado su compañero José Luis Quiñonez, quien defendía el río Lebrija. Las familias de los seis municipios que cobija la Zapatosa han recibido varias amenazas de muerte y hostigamientos de funcionarios públicos de la Alcaldía.
El informe explica que en Colombia los defensores de derechos humanos han asumido el rol de implementadores del Acuerdo de Paz de 2016, ante la ausencia estatal en los territorios. Esto ha puesto en riesgo a las pequeñas organizaciones sociales, expuso Front Line Defenders. El año pasado, en Colombia 72 líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron asesinados.
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Foto: Mongabay Latam[/caption]
Nuevos métodos
El informe menciona que donde ocurren los homicidios hay presencia de grupos armados, legales e ilegales, así como de empresas que han afectado la situación humanitaria de las regiones. Front Line Defenders agrega que no solo ha habido violencia física, sino también campañas de desprestigio e incluso falsos positivos judiciales.
Javier Giraldo, experto del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que en Colombia ha cambiado la dinámica de asesinatos de líderes sociales. “Antes se buscaba acabar con personajes relevantes dentro de las luchas de los territorios, ahora los grupos armados quieren exterminar los liderazgos de base”, dice Giraldo.
Además, el investigador menciona que el nuevo modus operandi de los grupos armados para asesinar defensores de derechos humanos dificulta el esclarecimiento de los hechos. “Ahora los homicidios los hacen encapuchados que van en moto y no es posible identificarlos. Por eso, es necesario que las autoridades investiguen las luchas sociales que lideraba la víctima, ahí puede haber pistas de quiénes están detrás de los crímenes”, afirma Giraldo.
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Comunidad indigena en la amazonia colombiana. Por: Juan Carlos Contreras.[/caption]
Población indígena, la más afectada
En México, Front Line Defenders explica que los estados más afectados por la violencia son Oaxaca, Guerrero, y Chiapas. Francisco Cerezo, coordinador de la organización mexicana Comité Cerezo, expresa que en estos tres estados se encuentra una cantidad de población indígena más alta que en el resto del país. Cerezo menciona que solo en Oaxaca se presentaron 10 de los 22 casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en México en el 2022.
“Actualmente los conflictos que se viven en estos estados responden principalmente a lógicas estatales y municipales, donde los grupos paramilitares al servicio de empresas mineras son los que cometen las más graves violaciones a los derechos humanos”, explica el investigador.
El informe menciona los casos de Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, defensores ambientales y miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que fueron asediados por grupos ilegales durante el 2022. Flores Solís, junto a los integrantes de la organización, se oponen al llamado Proyecto Integral Morelos, el cual contempla la construcción de un gasoducto y dos termoeléctricas. El defensor fue acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica. Flores Solís pasó 10 meses en la cárcel.
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Carteles de oposición al Proyecto Integral Morelos. Foto: Marlene Martínez, Lado B[/caption]
Cerezo afirma que la violencia en torno al Proyecto Integral Morelos ha provocado “una ejecución extrajudicial y varios ataques y amenazas de muerte en contra de los activistas que se oponen a este proyecto”, dice el defensor de derechos humanos.
La situación en Guatemala no ha sido muy distinta. En el segundo semestre del 2022, hubo desalojos judiciales y extrajudiciales contra al menos ocho comunidades en el departamento de Alta Verapaz. Al finalizar el año, más de 125 familias fueron desplazadas por protestar contra la tala ilegal.
Alta Verapaz es uno de los sitios con mayores dificultades en Guatemala. En este departamento, se concentra la mayor cantidad de grupos indígenas de este país. Cuenta con un 83 % de pobreza y un 53 % de pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, la más reciente hasta la fecha.
Sin embargo, el gran problema que aflige a la población de Alta Verapaz es el conflicto por la tierra. “La problemática agraria es la que más se ha manifestado, dando lugar a recurrentes desalojos, que en la mayoría de los casos ha sido por la vía forzosa, fenómeno que se ha acentuado principalmente en el departamento de Alta Verapaz”, se expone en el artículo “Desalojos forzosos en Alta Verapaz en el marco del respeto de los derechos humanos, en el cumplimiento de las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
En Brasil, en el estado de Maranhão, el pueblo indígena Ka’apor se ha visto afectado por la constante tala ilegal, la minería y la expansión de la agroindustria. Front Line Defenders explica que esto ha sido posible debido a las acciones de las organizaciones criminales y a la supuesta connivencia de los políticos locales. Desde 2015, siete miembros de la comunidad han sido asesinados y las investigaciones hasta la fecha no han identificado a los responsables. En diciembre de 2022, la Policía Federal brasileña reabrió la investigación de la muerte del líder indígena Sarapo Kaapor. La comunidad indígena ha denunciado que Kaapor fue asesinado por oponerse a los proyectos empresariales que generan destrucción de la selva.
Además, la situación de los pueblos indígenas se agravó tras el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. En 2021, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denunció a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por promover la apertura de territorios y reservas indígenas para la explotación industrial.
En Ecuador, Front Line Defenders dice que los ataques contra el pueblo indígena Shuar no cesan. El informe explica que durante 2022 actores estatales y no estatales violentaron a esta comunidad por su oposición a las empresas petroleras y mineras.
Los Shuar han llevado a cabo una lucha por la defensa de su territorio contra la empresa ExplorCobres S.A, filial de la compañía china CRCC-Tonguan Investment. A esta compañía le entregaron casi 42 000 hectáreas para la realización de actividades mineras.
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La presidenta del Pueblo Shuar Arutam, durante una asamblea, muestra banderines que dejan la decisión del pueblo clara. Foto: Lluvia Comunicación.[/caption]
En agosto de 2016, la Policía desalojó familias del pueblo Shuar alegando que las comunidades indígenas se encontraban dentro de los terrenos de la empresa en cuestión, a pesar de que los Shuar llevaban una década en el sitio. Sin embargo, un fallo judicial emitido el año pasado le dio la razón al pueblo Shuar acerca de las denuncias que habían hecho sobre la ausencia de consulta previa en los procesos de explotación minera. Tras esta determinación de la ley ecuatoriana, los indígenas Shuar se mantienen en su negativa a la actividad del proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, a cargo de ExplorCobres S.A.
Ataques a quienes cubren temas ambientales
En marzo de 2022, en Guatemala, el reportero maya q’eqchi Carlos Ernesto Choc Chub, del medio comunitario Prensa Comunitaria Kilómetro 169, fue objeto de una denuncia en su contra por 13 miembros de la Policía Nacional Civil y la Policía Fiscal de Izabal por “instigación a delinquir”.
El informe narra que esta acción judicial contra Choc Chub se relaciona con su labor periodística. El reportero realizó una cobertura de un violento desalojo que sufrió el pueblo maya q’eqchi’ cuando protestó contra las actividades de la Compañía Guatemalteca de Níquel y (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group.
Solway es la dueña de la mina de níquel más grande de Guatemala. El 28 de noviembre del 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones a esta empresa por corrupción y tráfico de influencias en Guatemala. En marzo de este año, las subsidiarias anunciaron la suspensión de sus operaciones mineras en el país centroamericano por las medidas tomadas por Estados Unidos.
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Los asesinatos del periodista británico Dom Phillips (izquierda) y del defensor indígena Bruno Pereira (derecha) en la Amazonía brasileña son emblemáticos en la difícil situación que enfrentan los periodistas y activistas en toda América Latina, a medida que aumenta la violencia en la región. Imagen compuesta: João Laet/AFP/Getty Images (izquierda); Daniel Marenco/Agência O Globo (derecha).[/caption]
En palabras de la directora Oliver More, los cargos legales contra los líderes fueron usados por los Estados para acabar los procesos organizativos: “Gobiernos represivos de todo el mundo utilizaron la ley como arma contra los defensores y defensoras de derechos humanos en un intento de silenciarlos y obstaculizar su trabajo. En ese sentido, estas personas se llevaron la peor parte de la persecución legal y de otra índole, así como un gran número de amenazas digitales y físicas”.
El 5 de junio del año pasado, el periodista británico Dom Phillips y el defensor de los derechos de los indígenas brasileños Bruno Pereira fueron asesinados cuando salían de una expedición en la Amazonía, después de realizar una investigación sobre pescadores en áreas protegidas. El periodista trabajaba con el líder en un libro sobre conservación ambiental en una de las zonas donde hay mayor cantidad de indígenas en aislamiento voluntario.
Tanto Phillips como Pereira habían recibido amenazas de muerte por su trabajo ayudando a proteger a los indígenas del Amazonas de los traficantes de drogas, así como de los mineros, madereros y cazadores ilegales. Como lo reseña The Guardian, diario para el que trabajaba Phillips, no hay evidencia aún de los autores intelectuales y materiales del crimen.
La impunidad sigue latente en los crímenes contra los defensores de derechos humanos. A pesar de las múltiples violencias que sufren los y las defensores de derechos humanos continuaron en la lucha del territorio, la tierra, el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en medio de contextos hostiles.
