En el sexto y último capítulo de la primera temporada de El Buen Aire, Fernando Krauss sostuvo que el Estado está al debe con las zonas de sacrificio, que Concón sigue sin plan y que el decreto que daba gobernanza a la estrategia nacional fue retirado por el Ejecutivo.
Cerrar una termoeléctrica limpia el aire de una comuna, pero también puede dejar sin trabajo a quienes dependían de ella. Esa tensión fue el eje del sexto capítulo de El Buen Aire, la serie audiovisual de El Desconcierto, que cerró su primera temporada con Fernando Krauss, exjefe de la Oficina de Transición Socioecológica Justa del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y asesor de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios (FESAN).
Su diagnóstico fue directo: “El Estado de Chile está al debe”. El 30 de julio la humanidad agotó los recursos que el planeta puede regenerar en todo 2026, según Global Footprint Network. La respuesta, explicó Krauss, es una transición que no agote la biosfera y que no haga “que los costos los paguen algunos solamente”.
En Chile ese camino partió con el acuerdo de 2019 entre el segundo gobierno de Sebastián Piñera y las generadoras para cerrar las termoeléctricas a carbón. El país avanzó en descarbonización, pero no de forma justa: en Tocopilla, el fin de las emisiones convivió con “un impacto social y económico muy fuerte sobre la comuna y sobre los trabajadores”. De ahí el concepto de transición socioecológica justa, que mide los efectos sociales de cada cambio productivo en su territorio.
Al cierre del gobierno anterior, y a raíz de un fallo de la Corte Suprema, el MMA constituyó el Consejo Local de Transición Socioecológica Justa de Concón, comuna afectada por la contaminación de la refinería de ENAP y la pérdida de dunas y humedales. “Han pasado varios meses y la comunidad de Concón está a la espera de que el Gobierno comience a trabajar para elaborar un plan”, señaló Krauss. El modelo son los Planes de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví, Huasco y Coronel.
La deuda, precisó, no es solo de este gobierno. El financiamiento es escaso y nunca existió “un ente político al interior del Estado con la suficiente fuerza para impulsar el cumplimiento de las medidas”. Tampoco hay marco legal: el proyecto de ley de transición justa del diputado Daniel Melo (PS), de 2022, no ha avanzado, y la Ley Marco de Cambio Climático no aborda la reparación de los más de 4.000 pasivos ambientales mineros que, según Krauss, existen en el país. Sin ley, “el margen que queda para el gobierno de turno es muy amplio”.
La principal tarea de Krauss en el MMA fue la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, aprobada en mayo de 2025 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Pero el decreto que creaba el consejo interministerial encargado de gobernarla fue uno de los 43 decretos que el Gobierno de José Antonio Kast retiró de la Contraloría. “No existe la intención, hasta donde yo conozco, por impulsar la agenda de la transición”, afirmó. Y las NDC de Chile, sus compromisos climáticos ante Naciones Unidas, incorporan esa estrategia en su pilar social: “Hay algo que el gobierno tiene que resolver”.
La justicia climática parte de una desigualdad: los países del G20 concentran cerca del 77% de las emisiones globales, pero los mayores impactos recaen en quienes menos contribuyeron. Krauss lo aterrizó con el estudio de MapBiomas Agua Chile: Ñuble perdió el 91% de su superficie glaciar entre 1998 y 2025, lo que compromete el agua de verano en una región agrícola.
Krauss se declaró optimista: la electromovilidad y el fin del carbón en la generación eléctrica en la próxima década muestran que Chile puede avanzar. La condición es que la transición tenga “sustento legal, participación social y acuerdo, ojo, con acuerdo del mundo productivo”.
