Expertos alertan por Ley Nain-Retamal: Razones de tres penalistas para criticar el proyecto
Si hay algo que tienen en común los abogados penalistas, Mauricio Duce, Francisco Cox y Antonio Bascuñán más allá de la profesión, es la crítica al polémico proyecto que se discute en el Senado: la Ley Nain-Retamal.
"Buena parte de esta reforma no va a tener capacidad de producir los efectos que se han prometido", detalló uno de los penalistas que redactó la reforma procesal penal y académico de la Facultad de Derecho UDP, Mauricio Duce, a El Desconcierto.
La iniciativa, que se tramitó con celeridad en la Cámara de Diputados tras el crimen de dos carabineros en menos de 15 días —Alex Salazar y Rita Olivares—, apeló a la necesidad de brindar seguridad a las policías.
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Pero entre sus puntos más polémicos contiene dos iniciativas que aumentas las penas contra quienes agredan a las policías y establece el principio de "legítima defensa privilegiada" para las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Incorrecta identificación del problema
Aunque según el experto, los delitos contra las policías "ya existen y tienen penas bastante altas", y la problemática en realidad gira en torno a "dificultades para capturar a quienes comenten los homicidios", por lo que este aumento "en la medida que no altere este otra parte de la ecuación, no va a tener ninguna posibilidad de cambiar nada".
En esa línea, relevó la compleja "función policial" lo que "requiere policías mucho más profesionales, policías más preparadas y eso no se logra con proyectos que suban penas", en diálogo con T13 Radio.
Espacio en el que Duce también precisó que "cuando analizas el proyecto en su conjunto, lo que ves, en mi opinión, es una incorrecta identificación del problema".
"El epítome de la confusión"
Misma opinión comparte el abogado que investigó el crimen organizado mexicano y experto en derechos humanos, Francisco Cox, quien precisó en entrevista con La Tercera que "el enfoque de estas leyes que se están aprobando no va a resolver el problema".
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"La postura de una parte del mundo político es no cuestionar ni fiscalizar ni controlar a la fuerza policial. Dicen que eso se traduce en un debilitamiento de las policías, lo cual es absurdamente equivocado y sumamente peligroso", continuó.
De hecho, para Antonio Bascuñán, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la redacción del principio de legítima defensa "induce a hacer otra lectura, consistente en no necesitar comprobar en los hechos la ilegitimidad de la agresión, la necesidad racional del medio empleado ni la falta de provocación suficiente", escribió en una columna de El Mercurio.
Es por ello que subraya que Carabineros, PDI y Gendarmería "necesitan leyes claras. La regla sobre legítima defensa privilegiada es el epítome de la confusión. Por eso, ninguno de los cinco proyectos de Código Penal de los últimos 10 años la contempla".
El abogado concluye su columna planteando que "una cosa es que una muerte sea justificable, cumpliéndose ciertas condiciones, y otra muy distinta, que no haya que probar cabalmente su cumplimiento para darla por justificada".
"Problema no se resuelve con más legislación"
"La enorme flexibilización que tienen las reglas de legítima defensa" implica que "puede utilizarse más frecuentemente la fuerza letal sin justificación y por tanto que pudiera haber un incremento de abuso de fuerza policial", explicó Duce.
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"Esto no es una hipótesis muy alocada, porque es más o menos la experiencia comparada", advirtió y añadió que el principio "tiene que ser un muy complejo equilibrio entre darle facultades a las policías para que actúen —todos queremos que tengan esa facultad— pero también establecer algunos parámetros de control básicos".
Lo anterior es complementado por Cox, quien manifiesta que "el problema (de seguridad) que estamos viviendo no lo resolvemos con más legislación" si no con "una policía bien dirigida, bien capacitada y bien dotada de recursos, y por lo que he escuchado se les ha dado. Cuando Carabineros reclama por mayores recursos, se les da", aseguró.
Cabe recordar que la tarde de este lunes el proyecto se votará en la comisión de Seguridad Pública del Senado y el martes 4 de abril pasará a su votación en la Sala.
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