Camila Olmos Mejías es una de las voceras de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (CF8M), y parte del comité de maternidades de la colectividad que articula, desde un horizonte feminista, a múltiples y diversas organizaciones sociales, políticas e individualidades.

En representación de la organización feminista, Olmos Mejías hace un extenso análisis de las políticas públicas que ha levantado el gobierno, las condiciones en las que se encuentran las mujeres bajo un sistema neoliberal, y lo que queda por delante para la lucha feminista.

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-¿Cuál es tu evaluación de la agenda del gobierno en materia de políticas de género y mujeres durante su primer año?

Para evaluar este primer año de gobierno desde el punto de vista del movimiento feminista, el primer parámetro es evaluar concretamente la situación en que viven la mayoría de las mujeres –las trabajadoras, cuidadoras, madres, las dueñas de casa– y también las disidencias sexuales y de género en nuestro país y lo que se ha hecho al respecto. 

En este sentido, lo primero, es que las condiciones de vida de las mujeres son inseparables de las condiciones de vida en las que se encuentra el conjunto del pueblo. En ese sentido, a raíz de la crisis económica que atraviesa nuestro país, la inflación, los bajos sueldos y el desempleo, la migración estigmatizada y sin enfoque de derechos, las consecuencias devastadoras del modelo extractivista como los incendios forestales, hoy vemos un deterioro generalizado de esas condiciones de vida que, además, ha impactado fuertemente a las mujeres. 

Hay iniciativas que eran parte del programa del gobierno que han logrado concretarse, como el Registro Nacional de Deudores de Alimentos y la reactivación de la tramitación legislativa del proyecto de ley para una vida libre de violencia de género. Respecto de lo primero, no podemos olvidar que también este proyecto ha sido empujado desde organizaciones de madres en resistencia, por lo que es un logro colectivo, pero si lo vemos desde su real funcionamiento, se trata de un avance solo en la visibilización y en que el Estado sea quien persiga a los deudores y no las madres, pero que no ha redundado en una disminución de las deudas de pensión, y la violencia económica que viven decenas de miles de mujeres madres en nuestro país, siendo un problema de la mayor gravedad. 

Hay otras medidas relevantes, como el Sistema Nacional de Cuidados que está pendiente, y también la propuesta de reforma de pensiones, que mantiene para las mujeres la edad de 65 años para acceder a la Pensión Garantizada Universal, discriminación arbitraria que, en los hechos, aumenta en 5 años la edad de jubilación a las mujeres más empobrecidas del país.

Junto a ello, la falta de financiamiento suficiente de la institucionalidad de género, especialmente la destinada a abordar las situaciones extremas de violencia patriarcal, ha hecho muy difícil avanzar en la prevención de femicidios.

-¿Se podría decir que este ha sido un gobierno feminista? ¿Por qué?

El actual gobierno desplegó su campaña y llegó luego a La Moneda presentándose como feminista. Esto da cuenta, por un lado, de la potencia innegable del feminismo en los últimos años en Chile y también en el mundo, cuya centralidad en los proyectos políticos se ha tornado ineludible, y, a la vez, da cuenta de una serie de expectativas a las que dieron cabida los propios partidos de Apruebo Dignidad bajo el rótulo de “gobierno feminista”. 

Aquí son importantes dos cuestiones. Una, que el voto femenino fue clave para vencer al candidato de la extrema derecha. Otra, que eso no quiere decir que el movimiento feminista como tal haya acudido a las urnas con esa expectativa. 

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El feminismo es para nosotras un camino y un horizonte de transformación radical de las estructuras sociales que oprimen a las mujeres, a las diversidades y disidencias sexuales y de género, es una fuerza histórica que se impulsa desde el movimiento social, y, por lo tanto, no puede reducirse a la gestión institucional, del gobierno o de otra índole. 

Es difícil hablar de un “gobierno feminista”, ya que el gobierno está compuesto por muchas personas distintas y opera a través de instituciones que han sido históricamente patriarcales. Si bien ha habido intenciones y acciones que apuntan a mejorar las condiciones de vida para las mujeres y la diversidad sexual, hay que entender todo esto como un proceso, que no se consigue en un año de gobierno.

Además, el movimiento feminista está dotado de un marco programático, ahí la importancia del programa contra la precarización de la vida, y como feministas tenemos la exigencia que podamos avanzar, y obtener garantías para una vida digna. El gobierno decidió prometer algo, no es nuestra promesa, no fuimos a votar con esa expectativa. Nosotras llamamos a votar por el gobierno de Boric ante todo, por un voto de autodefensa contra la ultraderecha. 

No porque el gobierno se declare feminista, ahora nosotras estamos inagurando una relación o una evaluación del gobierno o de los gobiernos, esta lucha nunca se ha tratado de si va a venir alguien a satisfacer las expectativas o una elaboración programática largamente trabajada y construida por un movimiento social como lo es el movimiento feminista, donde no solo se configura un deseo y anhelo colectivo; sino que tiene por delante la capacidad de convocarse para irrumpir en la agenda política.

Sabemos que una condición indispensable para la base de un programa que responde a nuestra vida es la fuerza del movimiento, es la fuerza de la movilización social, y hoy no estamos saliendo a evaluar un gobierno, estamos saliendo a luchar por nuestra vida. 

-¿Cuáles crees que serán los desafíos por delante para el mundo político y la ciudadanía en esta materia?

Los desafíos que vemos son los que tienen que ver con la mujer trabajadora, madres y cuidadoras, migrantas, disidencias y niñeces. La situación precaria en la que estamos viviendo la mayoría para subsistir. 

Estamos muy atentas ante aquellas transformaciones y reformas estructurales que podrían mejorar la vida, ciertas promesas de campaña que tienen el respaldo de los movimientos sociales, como por ejemplo; 40 horas de trabajo, Sistema Nacional de Cuidados, entre otras.

Además de temas no resueltos por completo, como lo que tiene que ver con El Registro Nacional de Deudores, que, aunque se visibiliza el no pago de pensión de alimentos como violencia de género, las deudas siguen intactas. Interpelamos al gobierno que resguarde el cumplimiento de los tratados internacionales, y que el pago de las pensiones sea efectivo sin conllevar mayor violencia o precarización de la vida para las madres, cuidadoras e hijes que tienen el derecho a percibir.

Hay que mencionar que existe una incertidumbre laboral y económica actualmente. Se debe garantizar el acceso a un trabajo digno y bien remunerado para las mujeres y disidencias, sin importar su origen o condición social. Además, se debe asegurar el acceso a la canasta básica sin necesidad de endeudar a la familia, esto considerando que históricamente las mujeres han sido las encargadas de administrar el hogar sin apoyo ni consideraciones eficientes del estado o la ciudadanía.

No podemos dejar de mencionar lo insostenible que se hace la vida con este modelo económico neoliberal que precariza la vida, donde las más perjudicadas somos las mujeres y disidencias. Observamos con tremenda preocupación como continúa en alza la violencia patriarcal a la que hacemos frente con firmeza, ya que seguimos en un ambiente hostil para los movimientos sociales , seguimos con una constitución que criminaliza el derecho a la movilización por la precarización de la vida. Ya han pasado 50 años del golpe de Estado y no podemos hacer mayores cambios porque seguimos atadas a un sistema que no posibilita crear políticas públicas para ir contra la precarización de la vida.

Lo que importa ahora no es el gobierno, lo que importa son nuestros derechos, y los derechos dependen que nosotras como movimiento feminista estemos luchando por ellos en la calle ante cualquier gobierno, seguimos amarradas hoy a una institucionalidad impuesta en una dictadura que impide los cambios que pueden terminar con la precarización de la vida de las mayorías y eso va a seguir sucediendo mientras tengamos la Constitución de Pinochet.