Uno de los más grandes problemas que enfrenta la humanidad es la desnutrición y la gran cantidad de población en el mundo que padece hambre. De acuerdo con datos de la ONU, tras décadas de disminución constante en el número de personas que padecen hambre, esta cifra comenzó a aumentar lentamente de nuevo desde el año 2015 a la fecha. Una problemática que en la actualidad se ve acrecentada por los efectos del cambio climático, la pandemia del Covid-19, la destrucción y pérdida de biodiversidad terrestre y marina, la contaminación, la crisis económica mundial y, por supuesto, el constante aumento en la población mundial, que se estima alcanzó en 2022 los 8 mil millones de personas con proyecciones de aumentar a 9.700 millones para 2050.

En esta línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó The 2022 Global Report on Food Crises, donde destaca que los niveles de inseguridad alimentaria en 2021 superaron los récords anteriores, evidenciado que cerca de 193 millones de personas sufren de hambre aguda, con requerimiento urgente de asistencia en 53 países o territorios. Esto representa un aumento de casi 40 millones de personas en comparación con el máximo alcanzado en 2020, estimándose que una de cada nueve personas en el mundo estaría subalimentada, es decir, alrededor de 815 millones de personas.

¿Pero cómo esto puede ser solventado a través de la pesca? ¿Qué rol pueden cumplir los océanos en la seguridad y soberanía alimentaria mundial sin llevarlos al colapso? A nivel mundial, los océanos son una de las mayores fuentes de proteínas, pues de su biodiversidad marina y costera dependen más de 3 mil millones de personas para su sustento diario. En el actual escenario, la aplicación y puesta en práctica de conceptos como seguridad y soberanía alimentaria se vuelven imprescindibles, ya que el derecho a la alimentación es fundamental, pues sin él no se puede asegurar la vida, la dignidad humana, ni el disfrute de otros derechos humanos.

La seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo. La soberanía alimentaria va más allá, desde un enfoque más amplio y profundo, y fue definido a partir del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, celebrado en Cuba en 2001, entre organizaciones de la sociedad civil,  como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, en base a la pequeña y mediana producción, y donde las mujeres desempeñan un papel fundamental.

En lo que respecta al escenario nacional, a la fecha la seguridad y soberanía alimentaria son conceptos que no están recogidos de manera expresa por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), una carencia que fue advertida por la FAO, organismo que en 2016 realizó una revisión exhaustiva de la ley y de su última gran modificación, la Ley N°20.657 de 2013, solicitada por la entonces presidenta Michelle Bachelet. En el informe derivado de dicha revisión la FAO sostiene la importancia de que se incorporen estos conceptos, y que constituya uno de los principios de la LGPA, así como que el Estado de Chile y sus diversos gobiernos desarrollen políticas públicas en orden a incentivar el consumo de recursos pesqueros.

Si bien existen serios y justificados cuestionamientos sobre la Ley de Pesca, y en particular sobre la Ley N° 20.657, conocida como Ley Longueira por los casos de corrupción y cohecho llevados a cabo durante su tramitación. Esta ley incorporó aspectos destacables en materia ambiental, como la inclusión, por primera vez, de principios ambientales como el enfoque ecosistémico y el principio precautorio. Sin embargo, pese a que han existido modificaciones a esta regulación, hasta el día de hoy no se han incorporado los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria.

Actualmente existe una ventana de oportunidad para la incorporación de estos conceptos como pilares de la Ley de Pesca, pues tanto el ministro de Economía como el subsecretario de Pesca han anunciado el ingreso, durante el primer semestre de 2023, de una iniciativa legislativa para una nueva Ley de Pesca, la cual, en palabras del Ejecutivo, “ayude a reestablecer las confianzas”. Para la elaboración de este proyecto, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura ha venido desarrollando procesos de diálogos denominados “Encuentros con la pesca”; las autoridades esperan que los actores relacionados con esta temática levanten las principales problemáticas en el territorio y que las organizaciones del sector expongan sus propuestas para el nuevo cuerpo legal.

En paralelo, el Ejecutivo decidió brindar su apoyo a la iniciativa de ley que “Declara la nulidad de la Ley N° 20.657” o “nulidad de la Ley de Pesca” (Boletín N° 10.527-07), lo cual contó por primera vez, desde su ingreso en 2016, con el apoyo del Ejecutivo a través de la incorporación de sumas urgencias para impulsar el avance de su tramitación.

Ante una eventual nueva Ley de Pesca, uno de los primeros asuntos a ser subsanados es la incorporación de los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria, los cuales, junto a los principios enfoque ecosistémico y precautorio, deberían constituirse como los pilares de una nueva Ley de Pesca, consagrándolos como principios de la legislación pesquera.

A propósito de lo anterior, un grupo de organizaciones no gubernamentales, reunidas y organizadas hace varios años en el Grupo de Trabajo en Política Pública Pesquera (GTPPP), ha trabajado en un documento que entrega un conjunto de insumos y lineamientos cuyo propósito es robustecer la política de pesca nacional, los cuales serán presentados durante enero de 2023 en el libro Propuesta para una política pesquera en Chile: una mirada desde la sociedad civil.

Esta publicación elabora propuestas de mejora a la política pesquera nacional, contiene siete principios –entre los cuales se encuentra la seguridad y soberanía alimentaria– y visibiliza su relevancia en el marco de la creación de una nueva ley de pesca. En este texto se puede apreciar, asimismo, que se profundiza más allá de los conceptos mismos y se incorporan otros conceptos para el desarrollo e implementación adecuados de la seguridad y soberanía alimentaria, como “pequeños productores” (producción a pequeña escala), “cadena de suministro cortas”, “Estado como promotor del abastecimiento local”, “fortalecimiento de los mercados locales existentes”, “seguridad alimentaria ligada al cambio climático”, y “concentración de los recursos hidrobiológicos”, entre otros.

Consideramos que el mayor desafío que enfrentará una nueva tramitación de la Ley de Pesca es lograr mantener y mejorar los principios ambientales de la ley vigente, como el principio precautorio y el enfoque ecosistémico, así como incorporar nuevos pilares, como la seguridad y soberanía alimentarias.