Indulto a Jorge Mateluna: Claves del pantanoso caso que lo llevó a la cárcel
El indulto presidencial concedido a Jorge Mateluna, junto a 12 presos del estallido social, ha sido una de las últimas acciones tildadas como polémicas del gobierno de Gabriel Boric.
Hace unos días, el Presidente decidió indultar al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de 48 años, expresando su opinión personal acerca del caso, cuya condena ya había repudiado públicamente cuando era diputado.
Pese a que el indulto particular realizado por el mandatario se atiene a la legislación vigente, la oposición utilizó la acción presidencial para arremeter en contra del gobierno, apuntando tanto al mandatario como a sus ministros.
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Del FPMR al Ministerio de Culturas
El 17 de junio de 2013, Jorge Mateluna Rojas iba camino a la Municipalidad de Pudahuel para presentar un proyecto ante el encargado de cultura, cuando fue detenido por Carabineros de Chile.
En la comisaría se le informó que era sospechoso de un asalto a una sucursal del Banco Santander, que había ocurrido a algunas cuadras de su detención. Tras un mediático y cuestionado proceso judicial, Mateluna fue condenado a 16 años en la Cárcel de Alta Seguridad.
Según ha declarado el exfrentista, su pasado político lo condenó a ser apuntado como uno de los responsables del millonario robo. En 1992, cuando tenía 18 años, Mateluna fue detenido y torturado, para después ser condenado a cadena perpetua por formación y pertenencia a grupos armados de combate.
El expresidente Ricardo Lagos lo indultó 12 años después, ya que cumplía con los requisitos de la nueva Ley de Indulto Específico.
Tras su salida, el hombre de 30 años conoció a su actual pareja, y después comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como encargado territorial del Programa “Creando Chile en mi Barrio”. Así se involucró en distintos proyectos culturales, como el que lo llevó a la Municipalidad de Pudahuel el día de su detención.
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Un caso lleno de dudas
Su familia, abogados defensores y distintos académicos, como el exdecano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, se han pronunciado en contra del fallo que lo condenó por irregularidades en los procedimientos, la fabricación de evidencias, y el falso testimonio de uno de los carabineros implicados en su detención.
El 2018, Harasic presentó un recurso de revisión ante la Corte Suprema por el caso. En su momento, argumentó que la condena era “abiertamente injusta”, considerando que “hay pruebas que se prefabricaron”.
En efecto, aseguró que existe un video que demuestra su inocencia y que no fue considerado durante el juicio condenatorio. Además, planteó el ADN encontrado en las especies que se le adjudican, corresponde a otra persona; y la ropa con que fue detenido no coincide con la de ninguno de los asaltantes, quienes no lo reconocen como parte de la banda.
https://youtu.be/zx1ZZACyJgI?t=105
Además, según consignó el abogado Jaime Madariaga, uno de los carabineros que estuvo a cargo de la investigación, Juan Muñoz Gaete, “mintió abiertamente ante el tribunal al sostener que un testigo había reconocido a Jorge Mateluna en una rueda de presos, cuando en realidad reconoció a otro acusado”, hecho confirmado por el oficial.
Pese a contar con estos antecedentes, la acción presentada por Harasic fue rechazada por el máximo tribunal. No obstante, en agosto del año pasado, el abogado realizó una petición de indulto al Presidente, la que finalmente fue aceptada por Boric.
Entre sus razones, el decreto de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que le concedió el indulto apunta a que “el interno mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en la sociedad”.
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Choque con la Corte Suprema y la Fiscalía
Pese a que esas fueron las razones oficiales, desde Brasil, el Presidente Gabriel Boric justificó la acción asegurando que tiene “la plena convicción de la inocencia” de Mateluna, acusando también “irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.
Sus palabras provocaron molestias en la Corte Suprema, desde donde emitieron un comunicado citando la Constitución, para recordar que “la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, le recordó al mandatario.
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Por su parte, la Fiscalía Regional Occidente enfatizó en que “el señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia por estos hechos y, en definitiva, la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos”, reiterando que esto fue “refrendado en todas las instancias judiciales”.
“Todos los anteriores pronunciamientos fueron de carácter unánime (…) Todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas en el recurso de revisión”, expresó el Ministerio Público, también cuestionando las declaraciones del Presidente.
Boric trató de ponerle paños fríos a la polémica y afirmó que él respeta la separación de poderes del Estado. “Comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema”, dijo el mandatario.
El incendio en el Congreso
En la oposición, por su parte, Chile Vamos se bajó de la mesa de seguridad levantada por el Ejecutivo. Incluso, tras el indulto presidencial, las bancadas de RN y la UDI anunciaron una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
Además, no han descartado la posibilidad de presentar una acción similar en contra de Gabriel Boric.
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Finalmente, algunos parlamentarios también han cuestionado que el Presidente Boric haya indultado a una persona que ya había recibido ese beneficio una vez, algo que contraviene la norma general de indultos.
El artículo 4° de la Ley 18.050 establece expresamente que se denegarán solicitudes de los condenados “cuando se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubieren obtenido indulto anteriormente”.
