El grupo impulsará propuestas para reducir la burocracia y optimizar el gasto público, iniciativas que se debatirán en el Congreso.
Presidente José Antonio Kast junto a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado. Créditos: Gobierno de Chile.
Con la meta de optimizar la reasignación de los recursos públicos y erradicar la duplicidad de funciones en el aparato estatal, el presidente José Antonio Kast dio el puntapié inicial a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, equipo integrado por 12 especialistas que definirán el futuro del Estado.
Con perfiles políticos y técnicos variados, el equipo asumirá durante 120 días el desafío de evaluar una eventual reducción en la cantidad de ministerios y formular un plan integral de modernización institucional.
"Su mandato es proponer una estructura ministerial más racional, que reduzca carteras, elimine superposiciones y reasigne recursos. Un Estado que se llene por mérito y no por cuoteo político", expresó el presidente Kast.
En cuanto a la tramitación de estas medidas, el mandatario precisó que la labor legislativa posterior requerirá del consenso del Poder Legislativo, asegurando que la tarea se realizará en conjunto con los funcionarios públicos tomando las propuestas que surjan, para ser discutidas en el Congreso.
El grupo reúne a destacadas figuras del ámbito gubernamental y parlamentario. Sobresale Andrés Zaldívar, exministro del Interior (Bachelet I), expresidente del Senado y exsenador.
A él se suman Gonzalo Blumel, exministro del Interior y Seguridad Pública y exSecretario General de la Presidencia (Piñera II); Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo y Previsión Social (Piñera II), exdiputado y exembajador de Chile en Argentina; Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo (Bachelet I), exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados; y Adriana Delpiano, exministra de Defensa Nacional (Boric).
También se incluye a la participación de directivos de influyentes instituciones públicas y privadas. Entre ellos figuran Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública; Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia; y Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional.
Se añaden además Ernesto Silva, exdiputado, expresidente de la UDI, prorrector de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de FARO UDD; y Natalia Piergentili, expresidenta del PPD y actual directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.
Asimismo, en el ámbito laboral destaca Zarko Luksic, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado, y completa el equipo el abogado Juan Antonio Urzúa, especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.
El mandato encomendado a la instancia técnica se centra en diseñar una propuesta integral para modernizar la estructura ministerial de Chile.
Específicamente, el grupo de trabajo deberá evaluar la cantidad actual de secretarías de Estado —considerando que el país pasó de 18 a 25 carteras en las últimas décadas—, identificar y suprimir la duplicidad de funciones en la administración pública, y plantear una redistribución más eficiente de los fondos estatales para garantizar una mejor gestión hacia la ciudadanía.
Asimismo, la labor comisionada contempla un proceso amplio de diálogo institucional. Sus integrantes están habilitados para convocar y escuchar los planteamientos de agrupaciones de trabajadores del sector público, especialistas del área y diversos actores clave.
La meta final no es fijar un número predeterminado de ministerios de forma arbitraria, sino elaborar un diagnóstico riguroso que sirva de base para la posterior discusión y tramitación de los proyectos de ley correspondientes en el Congreso Nacional.
Para asegurar un impacto sostenible, la comisión trabajará con una visión de mediano y largo plazo que trascienda a la actual administración, aprovechando los estudios e informes elaborado en las últimas tres décadas.
El equipo técnico abordará este rediseño funcional del aparato estatal en colaboración directa con los funcionarios públicos, garantizando un debate institucional sobre la efectividad del gasto y la calidad de los servicios del Estado.
