Proponen multas de más de $5 millones a padres por actos vandálicos de hijos
Pérdida total de acceso a la gratuidad universitaria y a la postulación al crédito con aval del Estado, además de multas a padres por hasta $5 millones de pesos son las sanciones que un grupo de parlamentarios de Republicanos, RN, Evópoli y Conservador Cristiano piden en el proyecto de ley que acaban de presentar para enfrentar la violencia en centros educacionales del país.
Chiara Barchiesi (Republicanos), Sara Concha (Partido Conservador Cristiano), Paula Labra (Pro RN), Eduardo Cornejo (UDI), Christian Matheson (Pro Evópoli) y Stephan Schubert (Republicanos) fueron quienes firmaron esta moción para modificar la ley de subvención del Estado a establecimientos educacionales y que busca castigar a los jóvenes vinculados a hechos de violencias con el impedimento de que puedan continuar estudios superiores por al menos 5 años.
Control de impulsos
En el caso que el causante de los daños sea mayor a 14 años, piden que se le obligue a asistir a un programa de control de impulsos o prestar servicios en favor de la comunidad por al menos 60 días.
A ello agregan el establecimiento de una multa, a beneficio municipal, para los padres y madres cuyos hijos estén involucrados en estas acciones y que pueden ir desde las 30 ($1.600.000 aprox.) hasta las 100 (5.400.000 aprox.) unidades tributarias mensuales (UTM).
“No se debe tolerar que, en nombre de demandas estudiantiles, muchas de ellas legítimas, se atente contra personas y bienes, vulnerando los derechos de miles de ciudadanos, quienes, por ejemplo, vean atrasados los traslados a sus trabajos u hogares por daños ocasionados al sistema público de transporte. Similar situación ocurre en los saqueos de negocios, donde tanto trabajadores como emprendedores ven afectadas sus fuentes laborales y de ingresos”, argumentaron en su presentación.
Derechos v/s deberes
“Todo derecho implica a su vez deberes y toda acción trae aparejadas determinadas consecuencias”, argumentan al explicar que “el derecho a la manifestación pública no se encuentra reconocido expresamente en los tratados internacionales de derechos humanos, ni tampoco en la Constitución, pese a lo cual, “se ha entendido que emana de otros derechos fundamentales allí reconocidos”.
Referencia vinculada por los parlamentarios de la ultra y centro derecha al artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos que “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”, “derecho que sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.
Sana convivencia nacional
En su exposición de argumentos, relacionan su moción a la violencia registrada tanto al interior como en el exterior de establecimientos educacionales que “se ha vuelto recurrente” con hechos de “vandalismo y destrucción de bienes tanto públicos como privados y agresiones físicas a personas, que atentan contra la sana convivencia nacional”.
Frente a la problemática, la propuesta tiene como objetivo poner atajo a estos actos. El método es sancionar al grupo familiar de los participantes que causen “grave daño a las personas, propiedad o bienes de otros”.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
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