La propuesta de Presupuesto 2023 presentada por el Gobierno para las áreas protegidas públicas se distribuye en áreas terrestres y marítimas. Por un lado, quien concentra el 98% del presupuesto es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), el cual agrupa las áreas terrestres y es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), asciende a $19.045 millones de pesos de ingresos totales, lo que equivale a una disminución de 21% en relación al presente año.

Los ingresos del presupuesto del SNASPE se componen de dos ítems: el aporte fiscal y los ingresos de operación, generados por la asistencia de visitantes a las distintas áreas protegidas, lo cual se ha visto afectado los últimos años producto de la pandemia del Covid-19.

En el documento publicado por Fundación Terram se alerta el hecho de que “el aporte fiscal alcanza los $ 8.109 millones, los cual presenta una caída en un 25%, respecto del año anterior, la que también se convierte en la mayor disminución de este aporte desde el 2009”.

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Para Cristopher Toledo, economista de Fundación Terram y autor del documento, “el aporte fiscal propuesto alcanza a cubrir solo el 53% del gasto en personal, muy por debajo de la media de los  últimos 10 años. Así, un componente fundamental, como lo es el personal encargado del mantenimiento, administración y gestión de las áreas protegidas, no está asegurado por el aporte fiscal y debe ser complementado con los ingresos de operación, los cuales son cambiantes, ya que dependen de la venta de entradas de unas pocas unidades del sistema”.

Por su parte, los ingresos de operación, que ascienden a $10.855 millones, muestran una caída de un 10%, respecto del año 2022. “Es así como para el próximo año se propone profundizar la disminución del aporte fiscal, el que representa solo un 43% del total del presupuesto, manteniendo una alta dependencia de los ingresos operacionales con un 57%”, señala el documento.

Por otro lado, el financiamiento para las áreas marinas protegidas se distribuye en la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Economía, y en el Instituto Antártico Chileno, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Para 2023, el Gobierno de Boric plantea mantener el presupuesto actual en materia de áreas marinas protegidas, el cual asciende a $415 millones de pesos a distribuir entre las 147 millones de hectáreas declaradas bajo protección oficial, equivalente a solo $2,8 al año por cada hectárea bajo protección, lo cual representa solo el 2% del total de recursos destinados a las áreas protegidas del país.

“Desde Fundación Terram nos parece que el Estado debe asumir un mayor compromiso con la administración y gestión de las áreas protegidas, y eso se hace no solo aumentando la superficie de ellas, sino también con recursos. Lamentablemente esta primera propuesta de presupuesto del actual Gobierno se contradice con sus propias declaraciones en relación a proclamarse como el primer Gobierno ecológico con foco en la protección de la biodiversidad y los océanos”, dice Toledo.

Puedes acceder al documento completo en este link.

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