La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que una posible extradición y enjuiciamiento en Estados Unidos de Julian Assange es motivo de preocupación por el impacto que tendría en la libertad de la prensa, en el periodismo de investigación y en la actividad de los informantes.

Bachelet recibió el jueves en su oficina en Ginebra a la esposa del fundador de Wikileaks, Stella Assange, así como a sus abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez, que le informaron de la situación del activista, quien desde 2019 se encuentra en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido.

En comentarios a Efe sobre este caso, la alta comisionada enfatizó la importancia de que se respeten los derechos humanos de Assange, “en particular el derecho a un juicio justo y al debido proceso”, y aseguró que su organismo estará atento a lo que ocurra.

Asimismo, indicó que está informada sobre los problemas de salud de Assange, al que Estados Unidos reclama para procesarlo por 18 delitos relacionados con espionaje e intrusión informática por la publicación en su portal Wikileaks de decenas de miles de documentos secretos relacionados con la guerra de Irak, la invasión de Afganistán y la prisión de Guantánamo, entre otros temas.

[Te puede interesar] Bachelet sobre la Nueva Constitución en entrevista con DW: “Es un gran punto de partida”

[Te puede interesar] Michelle Bachelet se reúne en Ginebra con la esposa de Julian Assange

Sus defensores aseguran que se trata de un caso de persecución política y que podría recibir una pena de por vida.

Las mayores publicaciones de secretos de inteligencia estadounidenses se produjeron entre 2010 y 2011, tras lo cual Assange -de nacionalidad australiana- empezó a ser perseguido por la justicia, lo que le llevó a pedir asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo confinado entre 2012 y el momento de su detención en 2019.

Bachelet sostuvo que hay inquietud por la salud física y mental del periodista, que espera la decisión final de un tribunal británico su extradición, que fue aprobada a mediados de junio por el Ministerio del Interior británico.

Según información divulgada por la campaña Don't Extradite Assange, su esposa expuso a Bachelet el “frágil estado de salud” que atraviesa y aludió a informes médicos que confirman el riesgo de que Assange muera en prisión y que la extradición pueda llevarle a poner en peligro su propia vida.