A través de un dictamen emitido durante este viernes, la Contraloría General de la República confirmó que no advirtió irregularidades en la distribución de ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución por parte del Ministerio de la Secretaría de Gobierno, cartera encabezad por la secretaria de Estado, Camila Vallejo.
En esta primera etapa de la investigación, el equipo de Auditorías Especiales del ente fiscalizador determinó que tras una revisión de las contrataciones hechas para la impresión y distribución de la propuesta —en el marco de la campaña "Chile Vota Informado"— no se detectaron irregularidades en el proceso de licitación y distribución.
La investigación de Contraloría se da tras la acusación de los diputados republicanos José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Cristián Araya y Benjamín Moreno, quienes denunciaron la campaña del gobierno “Chile vota informado”, ya que, según ellos, en el marco normativo vigente “no existe potestad, capacidad ni recursos para realizar la campaña comunicacional”.
Sobre esto, la resolución de la CGR especifica que “el artículo 1° de la ley N° 19.032, que Reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno, establece que esa Cartera de Estado está encargada de actuar como el órgano de comunicación del Gobierno, pudiendo para tales efectos llevar a cabo las relaciones de este con las organizaciones sociales, en su más amplia acepción; ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete”, descartando lo denunciado por los parlamentarios derechistas.
En este sentido, en el dictamen se le da el favor a la cartera ministerial encabezada por Vallejo, consignando que “se aprecia que la SEGEGOB se encuentra facultada para actuar como el órgano de comunicación del Gobierno, siendo la SECOM en particular la encargada de servir como ente de informaciones gubernamental, y en específico para efectuar la referida campaña, advirtiéndose en general que las licitaciones enunciadas se enmarcan dentro de las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicho objetivo”.
De la misma forma, la Contraloría asegura que hasta el 16 de agosto del presente año no se han realizado pagos a los proveedores de los servicios, aspecto de la investigación que se desarrollará en la segunda etapa del proceso fiscalizador.
