Este miércoles se oficializó la determinación adoptada por el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente al 16 de mayo de 2022, instancia en que la mayoría de sus integrantes decidieron no presentar una querella criminal por la eventual comisión de delitos de lesa humanidad a causa del estallido social del 2019, tal como lo expresa la entidad en un comunicado.

En un documento de prensa, el organismo aseguró que se llegó a esta conclusión "por cuanto el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena".

Paralelamente, el escrito argumenta que "la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población".

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Sin embargo, agrega el comunicado, "el INDH reitera que se ha mantenido la política de persecución penal llevada a cabo por el Instituto en el contexto de la crisis social, sin perjuicio de que esta se analiza y evalúa permanente".

Respecto de este proceso, aclara que "consiste en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos, y para lo cual se han presentado más de tres mil querellas criminales".

Finalmente, el consejo del INDH "hace un llamado a los órganos que componen el sistema de persecución penal, especialmente al Ministerio Público y los tribunales de justicia, a que cumplan con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, tarea indispensable en una sociedad democrática en la cual rige el Estado de derecho".