El pasado viernes, la administración del expresidente Sebastián Piñera publicó 456 encuestas reservadas que realizó entre 2018 y 2022, revelando el conocimiento del poco apoyo que tenía el gobierno durante el estallido social.

La publicación de estos estudios de opinión al finalizar los mandatos es algo establecido en la Ley de Transparencia, debido a que se financian a través de fondos públicos.

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Los sondeas encargados por el Ejecutivo durante el estallido social mostraron la abrupta caída que tuvo la aprobación del expresidente tras las históricas protestas. Entre el 13 de octubre y el 8 de diciembre del 2019, la aprobación del mandatario cayó desde 34% a 11%, de acuerdo al estudio Panel Ciudadano-UDD pedido por el gobierno, según consignó La Tercera.

En diciembre, otro dato revelador fue que 60% de las personas encuestadas por el mismo estudio afirmó que pensaba que el gobierno jamás superaría la crisis provocada por el estallido social.

Ley de indulto y presos políticos

Nuevos sondeos sobre el estallido social fueron encargados por la administración de Piñera en noviembre del 2020, cuando fue presentado el proyecto de ley de indulto para los presos en el marco de las manifestaciones.

Dichos estudios de opinión revelaron a través de un focus grupo que los consultados estaban de acuerdo con la idea de que en Chile había presos políticos.

No obstante, esta afirmación variaba de acuerdo al nivel socioeconómico de los participantes: en los sectores C1 y C2 no había consenso respecto al tema, mientras que entre los grupos C3 y D la postura era clara sobre que sí fueron detenciones injustas.

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"A mi hijo lo detuvieron los carabineros solo por el hecho de estar manifestándose. Eso para mí es ser preso político", aseguró una de las personas consultadas.

Por otro lado, el gobierno de Piñera encargo estudios para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la acusación constitucional en contra del exjefe de Estado tras la publicación de los Pandora Papers en octubre del 2021.

Los sondeos dieron como resultado un apoyo transversal a su destitución debido a que los consultados consideraron el acuerdo de compraventa de Minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas como una "importante falta a la ética" y un menoscabo a la imagen internacional del país.