Este martes se amplió en tres meses el plazo de la investigación penal contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela; su esposa, María Neira Cabrera; y su otrora ayudante personal, el comisario Eduardo Villablanca. El plazo comenzará a contarse a partir del 14 de febrero.

Espinosa, Neira y Villablanca fueron formalizados en octubre del año pasado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

La solicitud para ampliar la investigación fue efectuada por el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y se basa en diversos requerimientos que está realizando el Ministerio Público para aportar a la investigación.

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Algunos de estos antecedentes pendientes corresponden a datos bancarios, información, registros contables, diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y movimientos de cuentas que se requiere revisar para la identificación de cuentas corrientes, giradores, flujo de fondos, montos totales y la elaboración de informes periciales dispuestos para acreditar la existencia de los delitos.

Asimismo, la ampliación del plazo se justifica por el levantamiento del secreto bancario, lo que permite analizar la trazabilidad de dineros como también la adquisición de bienes.

Antecedentes del caso

Esta investigación de la Fiscalía inició en diciembre de 2020 producto de operaciones sospechosas,tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La causa surge como una de las aristas de la malversación de caudales públicos detectadas en Carabineros de Chile y guarda relación con la sustracción de al menos $146 millones provenientes de fondos públicos destinados a gastos reservados asignados a la PDI.

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El delito se habría producido a través del comisario Villablanca, quien en calidad de cómplice y a cambio de comisiones, habría realizado diversos depósitos fraccionados por sumas millonarias a las cuentas bancarias de Espinosa y de su cónyuge, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En cuanto a los actos de lavado de activos, estos tuvieron como efecto que los dineros ingresaran al patrimonio de los imputados mezclándose con sus bienes de origen lícito e integrándose al sistema económico formal, lo que habría afectado una serie de bienes jurídicos, destinados a cautelar tanto la administración de justicia como el orden público económico.