Un artículo que publica este miércoles El Mercurio, entrega reveladores antecedentes sobre irregularidades en el servicio público, específicamente en municipalidades, donde la corrupción parece haber permeado el sector de manera relevante.

De acuerdo a los antecedentes que recoge la nota, la mitad de las municipalidades del país está bajo  investigación por diversos delitos de corrupción, lo que certifica el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Respecto de las cifras, las entregó la entidad en el contexto de un seminario donde su presidente, Juan Peribonio, se refirió a la compleja situación.

"Vemos con preocupación el aumento sostenible de causas relacionadas con infracciones penales en el ámbito municipal, y por supuesto que nos parece de la mayor importancia detenernos y hacer un análisis, y ver si es una tendencia o si es una situación temporal, y qué medidas podemos adoptar", sostuvo en la oportunidad.

Paralelamente, el CDE detalló que en 2010 ingresaron 166 casos, un índice que el 2015 casi se triplicó. Y llegado el 2020, alcanzó a 689 procesos. Incluso, actualmente existen causas vigentes que a noviembre del año pasado ascienden a 1.119, que se distribuyen en 260 correspondientes a 345 municipalidades.

Del total, 489 causas apuntan a materias penales que indagan delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, fraude al Fisco, tráfico de influencia, entre otras, vinculadas a 180 alcaldías.

En consecuencia, 52,17% de las municipalidades de Chile está vinculada a investigaciones penales por delitos contra la probidad.

Otro antecedente de relevancia apunta al 23,5% de las causas penales conocidas por el organismo liderado por Peribonio. Y se focaliza en 11 municipios entre los que se encuentran Tierra Amarilla, Talcahuano, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Fernando, Punta Arenas y San Ramón.ç

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Los sistemas de registro complican las indagatorias

La complejidad para investigar estos casos radica en ciertos aspectos del manejo de las municipalidades, a lo que se suma la imposibilidad de unificar criterios en este ámbito.

Así lo corroboró la fiscal nacional (s), Claudia Perivancich, quien en este sentido, aludió a los "sistemas de registro en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimiento. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay una directriz nacional para ajustar esos criterios".

En el caso del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, también presente en la actividad, transparentó que ven "con frustración muchas veces en que se hace todo el trabajo, la auditoría, luego viene un sumario con la propuesta de sanción por falta grave a la probidad. Y quien debe aplicar esa sanción es el concejo (municipal), llevándolo ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Pero el concejo, por razones políticas, no hace ese trabajo. Y por lo tanto, ese sumario por falta grave a la probidad queda en nada, y eso evidentemente es un desincentivo".