Una denuncia por vulneración grave al Principio de Probidad Administrativa en contra del exalcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero (Ind ex UDI) y en contra del exgerente general de la Corporación Municipal, César Ríos Brandt, presentó este mediodía el actual jefe comunal Juan Ramón Godoy (PS), ante la Contraloría General de la República, luego de identificar contrataciones directas sin justificación, por la suma de $1.399.179.744, ocurridas entre los años 2020 y julio de 2021.

De acuerdo al escrito, bajo la administración mencionada, era una práctica habitual la contratación directa con distintos proveedores “sin motivación ni justificación, necesidad y, al margen de toda razonabilidad, repitiéndose en muchas ocasiones los mismos proveedores, y excluyéndose de manera arbitraria, la contradicción entre distintas ofertas para buscar con ello la oferta más ventajosa”, detalla la denuncia.

Y agrega que “de la revisión de los antecedentes, no consta la existencia de alguna Resolución o acto de Autoridad que señale los motivos que justifiquen las contrataciones denunciadas”.

Por esta razón, argumenta Godoy en el documento, solicita al ente contralor “establecer las responsabilidades pertinentes y determinar si existieron sobreprecios en estas contrataciones, algún conflicto de interés en su contratación y pronunciarse sobre la legalidad sobre la forma de contratación realizada”.

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Contraloría ya había instruido un juicio de cuentas

La denuncia ocurre luego de oficializarse el Informe de Contraloría Nº405 y su posterior Oficio Nº E160.220, que ordenó instruir un juicio de cuentas por más de $448 millones de pesos, por la compra de “Pulseras Inteligentes”, cuya prestación de servicios contratados y la entrega o recepción total de los implementos adquiridos, las personas denunciadas no pudieron acreditar.

“Bajo la dirección del exalcalde Eduardo Soto se realizaron compras de manera directa a cinco empresas, sin cotizaciones adicionales y sin mediar ningún proceso de análisis o comparación entre distintos oferentes. Estimamos que los hechos son gravísimos y que deben ser investigados a fondo por los organismos correspondientes”, dijo al respecto Juan Ramón Godoy.

Por último, planteó que para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones se firmó “un decreto para regular las contrataciones directas, que rige desde el pasado 3 de enero y que prohíbe celebrar cualquier tipo de contrato superior a $10 millones de pesos, de manera directa”.