Una intensa actividad ciudadana está teniendo la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional, instancia que se habilitó el 22 de noviembre último y que, en un mes y medio ya consolidó un total de ocho iniciativas populares de norma que reunieron las firmas ciudadanas necesarias para que se debatan al interior del órgano.  

Específicamente, se estableció que las propuestas que reúnan 15 mil patrocinios se discutirán en las comisiones temáticas correspondientes. En ellas, necesitarán un quórum de mayoría simple para que trasciendan a la votación del pleno, que debe aprobarlas por dos tercios para que se incorporen a la nueva Constitución que el país debe visar a través de un plebiscito de salida.

AFP, Banco Central y aborto

De acuerdo a una nota que publica Cooperativa, las tres primeras iniciativas en materializar las adhesiones fueron "Será Ley", alusiva al aborto. Su propósito es consagrar los derechos sexuales y reproductivos y a la fecha suma 23.833 firmas. Otra es "Con mi plata no", cuyo objetivo es garantizar la propiedad de las cuentas de capitalización individual de los trabajadores en el sistema de pensiones de nuestro país, que cuenta con 32.000 apoyos ciudadanos. La tercera es "Banco Central Autónomo", que justamente apela a mantener la independencia del ente emisor y que ya acumula 18.000 adhesiones.

Paralelamente, otra iniciativa que ya alcanzó los respaldos para entrar en etapa de debate en comisión es la que apunta al "Derecho a la vida". En este caso, son 18.815 los respaldos que ha capitalizado y en cuanto a su propósito, busca protegerla "desde el momento de la concepción", oponiéndose por defecto al aborto. "La dignidad de todo ser humano es inviolable desde el instante mismo en que inicia su existencia natural, que se produce en la concepción", estipula. Y se sostiene en la premisa que "la ley protege la vida del que está por nacer".

En materia de educación

Adicionalmente, en el ámbito de la educación destaca "Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza". Impulsada por Acción Educar, capitaliza 17.549 firmas, y propone que "la Constitución debiera proteger los principios fundamentales que permiten que este ideal se concrete, pero dejando espacio a la discusión democrática para definir los medios".

La idea es que la Constitución garantice "el derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para los niveles que sean obligatorios (kinder, básica y media)", además de que "todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular".

Por último, postula que "el Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio". Respecto de la calidad, plantea que el "Estado deberá contar con un sistema de reconocimiento oficial que vele por la cobertura, calidad, equidad y diversidad de la educación".

Educación de mejor calidad

"Iniciativa Popular por una Educación Libre y Diversa" es otra de ellas. La presentaron movimientos ciudadanos y ya dispone de 17.320 patrocinios. "La necesidad de mejorar la calidad y el acceso a mejor educación es un tema que ha estado presente hace muchos años en la agenda de la discusión pública", pero "lamentablemente, la politización de las posturas ha llevado a que nos hayamos centrado en soluciones que no han apuntado muchas veces en mejorar lo más importante, que es una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes", argumenta.

Y agrega que resulta "fundamental que la Nueva Constitución consagre dentro de los derechos fundamentales la Libertad de Enseñanza y el Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, garantías que históricamente ha respetado nuestro país".

Libertad religiosa y de conciencia

Una séptima propuesta busca consagrar la "la Libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución". Está impulsada por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, la Plataforma Evangélica Nacional, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Centro Islámico de Chile, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Corporación mapuche Enama, el Consejo político mapuche "Walmapu" y el Consejo político Pueblos originarios. Suma 20.734 respaldos ciudadanos.

Su propósito es garantizar "el libre ejercicio" de la religión y la conciencia, además de "la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias; el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias en público o en privado".

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"Nacionalización de las empresas de la gran minería"

La octava iniciativa lleva por nombre "Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro", apuntando a las que "generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades", argumentó el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. A la fecha, dispone de 15.424 adhesiones.

En cuanto a la normas, propone algunas de carácter permanente alusivas a la minería y bienes comunes, además de disposiciones transitorias que propendan "derechamente a la nacionalización de las grandes empresas mineras del cobre, del litio y del oro".

Convención releva alta participación ciudadana

Por último, en términos generales, hasta ahora se han ingresado un total de 1.013 iniciativas populares de norma, que suman 434.125 firmas.

"Sabíamos que era un gran desafío aterrizar estos mecanismos que estaban establecidos en nuestro reglamento, y la Secretaría ha hecho una buena lectura de lo que como Convención queríamos transmitir a la ciudadanía en relación con las formas de participar e involucrarlos en este proceso", aseguró la constituyente Paulina Valenzuela, de Independientes No neutrales, relevando el éxito de la iniciativa.

El plazo para ingresar una iniciativa de propuesta vence el 20 de enero, mientras que el 1 de febrero es la fecha tope para que la ciudadanía entregue su apoyo a alguna de las causas que se busca llevar a la nueva Constitución del país.