El crimen perpetrado contra Javiera Rojas preocupó especialmente a la comunidad ambientalista, dado el rol que tuvo ella como defensora ambiental de Combarbalá, involucrándose en algunos conflictos socioambientales que siguen vigentes hasta el día de hoy. Colegas de Javiera afirman que no hay razones hasta ahora para vincular su homicidio con su activismo. Por otra parte recuerdan su lucha ambiental, principalmente contra el embalse La Tranca y contra una termoeléctrica.

“En el sector ambientalista obviamente se despierta la solidaridad y exigencia de justicia. Eso es absolutamente comprensible. En este caso el femicidio se ejecuta en un contexto totalmente distinto de la vida de Javiera, que había salido del territorio hacía dos años. Se fuerza un poquito la relación del femicidio con su lucha ambiental, y hay que tener cuidado porque genera una sensación para las comunidades que están en conflicto ambiental, de que si te metes en esto terminas muerto. Y eso desde nuestra óptica es una señal que no ayuda al ejercicio de los derechos de la gente en su territorio”, comenta Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien conoció personalmente el activismo de Javiera. 

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Similares conclusiones sacan compañeras de Javiera que trabajaron con ella en la defensa ambiental en Combarbalá, en Coquimbo. “Javiera cuando veía que la institucionalidad no funcionaba, era burlona y desencajaba a los empresarios ironizando. Ellos le tenían mala porque los ponía en ridículo. Javiera tenía una capacidad de convencer a muchos, y si no convencía a nadie iba sola y no quedaba otra que seguirla. Su mayor aporte a la defensa ambiental fue su intensidad”, recuerda Leticia Ramirez, presidenta del Consejo regional campesino de Coquimbo.

Javiera se alzó en protesta sobre todo ante la instalación del embalse La Tranca, donde la comunidad organizada logró frenar el proyecto con argumentos técnicos, y también contra la instalación de una termoeléctrica de respaldo de la empresa Prime Energía. Esta última ya está construida y comenzando a funcionar. La comunidad cercana, mayoritariamente organizada en comunidades agrícolas, se ha opuesto por la vía legal y todavía busca generar acciones para protegerse ante los impactos del proyecto. 

Javiera y la termoeléctrica

El caso de la termoeléctrica llegó a la Corte Suprema en octubre del 2020, donde se confirmó la negativa ante el recurso de casación interpuesto por la comunidad frente a la aprobación del proyecto. Según alegan las y los vecinos, la termoeléctrica está a 1 km de varios hogares, y no a 7 como sostuvo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Campesinos de la localidad de Puente Lana lamentan que la construcción de la planta ya ha afectado sus actividades de pastoreo, y reclaman que la empresa no se acercó a las comunidades más cercanas a explicar el proyecto ni consultarles. Una de las razones de la justicia para rechazar el reclamo vecinal, fue que “la solicitud de invalidación fue presentada después de un año en que se dictó la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto, y no dentro de los 30 días que establece la normativa”. 

Para quienes lucharon con Javiera en este conflicto, el siguiente paso fue solicitar al municipio la implementación de salvaguardas ambientales; un instrumento de protección ambiental que surgió de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y que en Chile es parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. “Necesitamos que el alcalde de Combarbalá y el Consejo Municipal aprueben la ordenanza con las salvaguardas ambientales para protegernos. La gente sabe lo que quiere y pide que no se deje que este proyecto nos afecte. Vamos a continuar la lucha pero tenemos que hacerlo con las autoridades”, llama Yolanda Romero, dirigenta campesina de la zona. 

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Javiera Rojas, en su momento, había viajado a Santiago con un grupo de la comunidad, desde donde consiguió el apoyo del abogado y ecologista Luis Mariano Rendón, quien apoyó a la comunidad en el conflicto. “Nosotros estudiamos llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no le hemos vuelto a preguntar a Luis para saber si nos acompañaría. Para cualquier instancia, si existen más abogados o abogadas que quisieran tomar el desafío y apoyar a nuestras comunidades, toda ayuda es bienvenida dado que la institucionalidad está siempre del lado de la empresa”, reclama Yolanda. 

Acceso a la justicia ambiental

Antes de mudarse a Calama por motivos personales, Javiera Rojas protestó junto a otros y otras dirigentas campesinas de Combarbalá logrando frenar un embalse, denunciando el robo de aguas y más acciones que la hacen un personaje recordado y querido en el sector. Sus compañeras que continúan en el territorio evalúan negativamente el acceso a justicia ambiental en Chile. 

“Cuando te van a instalar una termoeléctrica al lado de tu casa, una sabe que eso va a perjudicar tu entorno. Y crees que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no va a poder permitir algo que le haga daño a la comunidad y el medio ambiente. Y te confías hasta que ya es muy tarde. Eso me pasó a mi. Ingenuamente pensé que las instituciones del Estado estaban ahí para protegernos, pero solo están para facilitarle el camino a las empresas. En mi experiencia en defensa ambiental, el servicio que tengo peor evaluado en el país es el SEA”, declara Yolanda Romero.

Para Leticia Ramirez, la sensación de abandono es similar. “La legislación no nos ayuda a protegernos, los instrumentos del Estado no nos reconocen y el modelo de desarrollo nos está perjudicando. El INDAP nos quiere empresarios, quiere que produzcamos una sola cosa y que tengamos títulos individuales. Pero nosotros somos comunidades campesinas, somos apicultores y ganaderos y agricultores. Dependemos de la tierra para autosustentarnos a nosotros y a nuestras familias. También somos un aporte al desarrollo”, reflexiona. 

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