Las abogadas Paulina Vodanovic y Romanina Morales Baltra presentaron el martes de esta semana una querella criminal en contra del Presidente Sebastián Piñera por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho.

La acción, ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se refiere a la compraventa de la Minera Dominga, cerrada el 2010 en las Islas Vírgenes, y a la cláusula que condicionaba el pago a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque o reserva nacional.

Para las litigantes, “la existencia de esta cláusula sujetaba un pago a la condición de que no existieran impedimentos para la realización del proyecto, cuestión en la que eventualmente podía influir el Presidente Piñera, asegurando su cumplimiento”.

“De lo expuesto es posible colegir al menos un germen de interés, puesto que en la aprobación realizada por la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Cuarta Región, podría existir una falta al deber de probidad, si es del caso que personas tan directamente relacionadas con el señor Presidente de la República les pende la condición para obtener el pago en las circunstancias precedentemente señaladas”, indican en la querella.

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Por otro lado, entre sus argumentos se refirieron a la propuesta de Oceana a la Conama de Coquimbo, respecto a la creación de un área marítima protegida en Punta de Choros, en La Higuera, zona donde se instalaría el polémico proyecto.

En marzo de 2018, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el Área Protegida del Archipiélago de Humboldt, sin embargo, no hubo dictación ni firma del decreto que le podría haber dado vida a ese espacio protegido por parte del gobierno Piñera.

Esta “coincidencia en la omisión de declaración de área protegida resulta adecuada a la condición establecida en el contrato de marras, con lo cual se hace necesario determinar si esto fue hecho en vulneración de la probidad administrativa y si constituye un conflicto de intereses”, indican, citando la legislación nacional, que señala que la declaración de un territorio como Parque Nacional corresponde al Presidente de la República.

Con estos antecedentes, solicitan al Ministerio Público que indague la posible comisión de los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho, por parte del mandatario, mencionando para estos fines los artículos 240 y 248 del Código Penal.

Arraigo de Piñera y cautelar sobre sus bienes

En la acción legal, piden que se cite a declarar al Presidente Sebastián Piñera, a Carlos Alberto Délano y demás representantes de la sociedad compradora, a los tres hijos del mandatario, a los periodistas de Ciper Alberto Arellano y Francisca Skoknic, al Director de Prensa de El Desconcierto, Sergio Jara, y a Andrew Sharpless de Oceana.

Junto a pedir que se investiguen los hechos, las abogadas solicitaron también “que el tribunal decrete el arraigo del querellado y una medida cautelar sobre sus bienes, a fin de que no disminuya su patrimonio y pueda garantizar el resultado de una eventual sentencia condenatoria”, según afirmó Vodanovic.

La abogada y candidata al Senado por el PS en la Región Metropolitana añadió que “la agenda de manos limpias que presenté hacia ya varios días dice relación precisamente con la probidad en la función pública. Quienes sirven al país deben tener total transparencia”.

“Deben hacerse también modificaciones legales urgentes, como por ejemplo aumentar los plazos de prescripción de los delitos en estas materias, así como crear una gran Agencia Anticorrupción que sea la encargada de velar, en forma anticipada y preventiva, así como también de investigar con celeridad y acuciosidad estos delitos”, concluyó.