Esta semana, específicamente el 5 de octubre, el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una nueva acción judicial contra Sebastián Piñera. En esta oportunidad, a propósito del caso que destapó la mega investigación de los "Pandora Papers", alusiva a las condiciones de venta de la minera Dominga, que paralelamente tiene al mandatario ad portas de una acusación constitucional e incluso bajo riesgo de que la Fiscalía Nacional abra una investigación en su contra.

Con la certeza de que se trata de un caso que amerita una indagatoria judicial, Rendón oficializó una querella ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, el martes, acogida este viernes.

Respecto de la argumentación de la acción contra Piñera, el abogado apunta a lo contemplado en el 240 N° 1 del Código Penal, que sanciona al "empleado público que directa o indirectamente" se interesara "en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo”.

Adicionalmente, y en relación a que la descendencia del mandatario habría sido quien ejecutara la polémica venta y no él, Rendón plantea que "es importante tener presente que además de que el pago lo recibirían los hijos del imputado, los cuales han formado su fortuna por donaciones de su propio padre, como lo han reconocido, el comprador corresponde a una sociedad donde tiene propiedad Carlos Alberto Délano, un amigo muy cercano del mismo imputado".

Rendón cuestiona rol de la Fiscalía en cadena de impunidad

"Es decir, el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora", agrega sobre la querella acogida a trámite este viernes.

Así lo certifica una resolución oficial. "Conforme a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 del Código Procesal Penal, se admite a tramitación la querella interpuesta; remítase al Ministerio Público, quién deberá resolver sobre las diligencias propuestas", detalla el documento.

Por su parte, Rendón justifica el curso de la acción en tribunales. "Resulta fundamental que los hechos conocidos, y especialmente el condicionamiento de un pago a los hijos del Presidente a que este omitiese ejercer sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, se investigue a fondo, lo que nunca ha ocurrido", asegura.

Finalmente, agrega que "es importante también que en este nuevo proceso exista querellante, pues lamentablemente ha quedado demostrado que una investigación de oficio de Fiscalía no da las garantías necesarias. En demasiados casos el ente persecutor funciona "como parte de un gran esquema de impunidad para el poder político y económico de este país".