La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) efectuó este lunes las primeras diligencias en el marco de la causa abierta por la quema de pertenencias de migrantes venezolanos acampados en Iquique.

En este contexto, agentes levantaron un catastro de las personas afectadas, descartando que hubiera heridos e hicieron una evaluación de los objetos quemados tras una violenta marcha realizada el sábado contra la migración ilegal.

"Se solicitó también como diligencia que recabaran los videos de seguridad de las cámaras municipales que pudieran haber captado este hecho", dijo en punto de prensa la fiscal Jócelyn Pacheco.

Respecto de los hechos, hace 48 horas, casi 5.000 personas salieron a las calles de Iquique en medio de la creciente crisis migratoria que sufre Chile y quemaron carpas, ropa y coches de bebés, entre otros objetos.

La manifestación conmocionó al país, despertando además serias críticas del relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Amnistía Internacional.

La protesta, donde hubo gritos xenófobos y muchas banderas chilenas, ocurrió luego de que el viernes la Policía desalojara una plaza donde acampaban familias con niños también en Iquique, la primera gran urbe que los migrantes encuentran a su llegada desde Bolivia.

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Entre enero y julio hubo sobre 23.000 denuncias de ingreso irregular

El paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena de Colchane y Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas extremas y donde ya han muerto al menos 12 personas en lo que va de año, se convirtió en los últimos meses en ruta habitual para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.

Ni la pandemia ni la crisis social desatada en octubre de 2019 mermaron el deseo de migrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina.

Según la PDI, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40 % más que en todo 2020.

En Chile, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

Con el objetivo de frenar la entrada ilegal, Sebastián Piñera promulgó en abril una nueva ley de migración, más estricta, que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.

La norma permite al gobierno, además, deportar a los migrantes. Desde abril han sido expulsados al menos en cinco vuelos chárter más de medio millar de personas de distintas nacionalidades.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró este fin de semana que se retomará la política de deportaciones, pese a que un fallo de la Corte Suprema rechazó este proceder en junio y que otras organizaciones, como Human Rights Watch, han hecho llamados explícitos a poner fin a las "deportaciones sumarias".

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