Día Mundial de Lucha contra la Sequía: “La disponibilidad de agua podría bajar un 50% dentro de los próximos 10 años”
Chile es el único país, entre 92 naciones, cuya Constitución consagra explícitamente la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Esa es la principal conclusión del estudio realizado este año por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica (UC) -que reúne a siete facultades- en que se analizó las cartas fundamentales de países de tres continentes.
A este dato respecto a la Constitución se suman las las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, que reveló que habrá una fuerte baja en la disponibilidad de agua dentro de 10 años, de hasta un 50%, debido a que disminuirán los caudales de los ríos y se incrementarán las temperaturas. Sobre esto se agrega que el régimen jurídico vigente en el país que no resguarda el agua como un derecho, manteniéndolo como un recurso de aprovechamiento privado con resguardo constitucional, agravando aún más la situación.
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Ante este escenario, la organización ambientalista, Greenpeace, expresó su preocupación por la grave situación de erosión, sequía, desertificación y apropiación indebida de aguas que está afectando de manera cada vez más extensa y acelerada al país, lo cual está generando una realidad especialmente compleja en medio de la situación de crisis hídrica que enfrentamos y que de acuerdo a informes internacionales, ubican hoy a nuestro país en el puesto 18 de las naciones del mundo con mayor estrés hídrico en el globo.
Desde la ONG destacaron que existen tres fenómenos que hoy están agravando la situación de los suelos del país: erosión, degradación y desertificación. “En estos tres elementos es posible destacar la influencia que han tenido la minería, las actividades agropecuarias y la industria forestal. Cada una de ellas ha aportado de manera especial a agravar, entre otras consecuencias, la erosión, la falta de agua y la acidificación de las amplias zonas del país”, explicó Matías Asún, Director de Greenpeace en Chile.
Por esta razón, Greenpeace inició en 2020 la campaña Suelta el Agua para recuperar y priorizar el agua para las personas y el medioambiente, evidenciando la gravísima situación de crisis hídrica que afecta al país producto de la privatización de las aguas y las graves consecuencias que ello está generando, agravadas además, por la crisis climática y la pandemia de Covid-19.
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“En la práctica, sólo si se considera la situación de desertificación, casi el 38% de los habitantes de Chile, es decir, casi siete millones de personas, están siendo directamente afectados por un proceso que lo único que hace es agravarse más y más, y que requiere un abordaje integral, reconociendo la crisis climática y la injusticia que se agrava cuando hay dueños del agua y quienes sufren su escasez”, señaló Asún.
Desde Greenpeace señalaron que si bien, hasta ahora, el proceso de desertificación se ha estudiado poniendo el acento en los efectos en la actividad productiva, esa mirada, en un contexto de cambio climático y sequía, debe dar paso a evaluar los usos que se le está dando hoy a nuestra superficie como elementos que han agravado la situación.
Luego de las elecciones constituyentes, la ONG Greenpeace expresó su satisfacción de que 81 de los constituyentes electos se sumaron a la campaña "Suelta el agua", que buscó el compromiso de los candidatos con que "la nueva Constitución garantice de modo transversal y consistente que el agua sea considerada un derecho para las personas y el cuidado de los ecosistemas".
“El modelo de gestión y manejo que le hemos dado a la poca agua de la que disponemos ha permitido el avance descontrolado de una serie de actividades productivas que no solo consumen enormes cantidades de agua, sino que aceleran y están extendiendo la pérdida de ecosistemas claves en el país. Es evidente la relación perversa que existe entre la desertificación y el modelo de manejo y propiedad que hoy tiene el agua en Chile. La consagración del cuidado del agua en su dimensión humana y ecosistémica, partiendo por la constitución y luego en las demás leyes que le atañen resulta un paso clave para hacer frente tanto a la crisis climática como a las demandas de mayor justicia social, dignidad y preservación de nuestros frágiles ecosistemas”, sostuvo Asun.
