La Defensoría Penal Pública (DPP) suscribió un convenio con el Ejército de Chile que contempla, entre otros aspectos, que el organismo representará a los uniformados cuya integridad física se vea “amenazada” durante el servicio.

Dicho acuerdo fue firmado por el Defensor Nacional (S), Marco Montero Cid, y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau. El “convenio de colaboración” buscará que los organismos puedan trabajar en conjunto sobre temas relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos.

La ceremonia de firma se desarrolló presencialmente y convocó al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ernesto Tejos Méndez, al secretario general de esa institución, general Sergio Gutiérrez Sepúlveda, y a su auditor general, general Eduardo Rosso Barrientos.

[Te puede interesar]: Ejército notifica baja de oficiales acusados de disparar en estado de ebriedad en Recoleta

Asimismo, estuvo presente la teniente coronel Paola Jofré Valdivia, jefa de la recientemente creada Oficina de Defensa Militar, como también los profesores de derecho Nicolás Oxman y Gustavo Balmaceda, asesores de la entidad castrense en estas materias.

Durante la cita, el jefe (S) del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría, Pablo Aranda, explicó que este acuerdo tiene una orientación similar al firmado a inicios de este año con la policía uniformada.

“Los objetivos son similares, en el sentido de crear lazos permanentes de trabajo en torno a la promoción y protección de los derechos humanos, por un lado -por ejemplo, por la vía de capacitaciones cruzadas-, y, por otro, a la prestación de defensa pública para los soldados u oficiales que sean imputados por delitos penales”, señaló.

Según agregó el directivo de la DPP en su alocución, el Ejército mostró interés en este acercamiento después del acuerdo entre la Defensoría y Carabineros.

[Te puede interesar]: Brote de COVID-19 en campo de instrucción del Ejército: Hay 26 soldados contagiados

“El comandante en jefe explicó que, durante el período de excepción constitucional motivado por la pandemia, el Ejército ha debido ejercer tareas de orden público para las que no están capacitados, porque su expertiz es militar”, señaló.

Entonces, “la idea es que podamos capacitarlos en temas relacionados, como la detención y su control judicial, la declaración de ilegalidad de éste, el tema de la violencia y el uso legítimo de la fuerza, todo en el contexto de criterios relevantes del derecho internacional de los derechos humanos”, continuó.

Aranda recordó en la instancia que, tras iniciarse la revuelta popular en octubre de 2019, el Ejército debió salir a la calle de un día para otro, “y lo hicieron con munición de fogueo, porque ellos no tienen armamento disuasivo. De hecho, la mayoría de los delitos que involucran a soldados ocurrieron solo durante los primeros días de movilizaciones sociales y por eso mismo son muy pocos casos”, afirmó.

Defensa de los militares

De acuerdo con el abogado, el general Martínez explicó a Montero que su idea es preparar a sus efectivos en estos temas y que, por esta razón, crearon la oficina que dirige la comandante Jofré, para centralizar ahí los temas de defensa penal de sus efectivos, en coordinación con la defensa pública.

Dicho aspecto fue relevado por Jofré, quien aseguró que se debe destacar sobre el acuerdo que “nuestro personal militar debe sentirse siempre apoyado por nuestra institución”.

“Este convenio está enfocado para todo aquel personal militar que en actos del servicio o con ocasión del servicio vean amenazada su integridad física, su vida”, aseveró en esa misma línea la teniente coronel.

Al término de la ceremonia, el Defensor Nacional (S) valoró este acuerdo como un “hito histórico, que permitirá a ambas instituciones trabajar mancomunadamente en la promoción y protección de los derechos humanos, a propósito de sus respectivos roles como agentes del Estado”.