En el Juzgado de Garantía de Iquique se llevó a cabo la formalización de cargos contra los 17 detenidos por delitos ocurridos durante el estallido social en la ciudad, quedando solo uno en prisión preventiva.

Carabineros detuvo ayer a los sujetos vinculados presuntamente con destrozos durante el estallido social en la ciudad de Iquique. La Fiscalía de Tarapacá encargó las detenciones y allanamientos en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, en el contexto de una indagatoria por una supuesta asociación ilícita.

De los 17 detenidos, 12 son hombres, 4 mujeres y 1 un menor de edad, mientras que en los operativos se incautaron diferentes objetos que estarían vinculados a los delitos de los cuales se les acusa.

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“Se logró establecer que se trataba de un grupo organizado, que tiene jerarquía, mantiene liderazgos, hay personas que tienen distintos roles, incluso hay una que entrega dinero para la compra de bencina”, sostuvo la fiscal Paola Apablaza durante la jornada de ayer.

La Fiscalía había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para siete de los detenidos, sin embargo, el juez sólo dictó la disposición para uno de los aprehendidos, sindicado como el líder de la asociación ilícita.

Por su parte, desde la Defensoría Penal Pública, el defensor local de Iquique, Eduardo Cabrera, valoró el resultado de la audiencia y calificó la participación de la defensa como “positiva”. Dicho organismo asumió la representación de 14 de los 17 imputados.

Sobre la persona a la cual se le decretó prisión preventiva, el defensor detalló que a esta “se le imputaba ser el líder de esta asociación ilícita. Además, se le imputaba el lanzamiento de bombas molotov como inductor de otros adolescentes”.

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En cuanto a los casos en los que el tribunal resolvió no decretar dicha medida cautelar, Cabrera explicó que la decisión se tomó “básicamente porque todas estas personas gozaban de irreprochable conducta anterior. La mayoría de ellas tienen oficios, son trabajadores, estudiantes y tenían su domicilio conocido en la región, y más considerando que eran hechos que habían ocurrido hace más de un año”.

Además, detalló que hubo casos en los que el tribunal “no dio por acreditado todos los delitos que fueron imputados”.

La Fiscalía apeló dentro de la misma audiencia por lo que será la Corte de Apelaciones de Iquique la que deberá resolver las medidas cautelares. En cuanto al plazo de investigación, el tribunal decretó que será de 120 días.

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