El martes de esta semana, Paula Morales Balcázar, hermana del subinspector de la PDI Luis Morales Balcázar, presentó un recurso de protección en contra de José Antonio Neme por haber “transgredido el respeto y la protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia“ y darle connotación de montaje a un procedimiento policial en Temucuicui, que finalmente resultó en la muerte del subinspector.

En el recurso presentado por la mujer, se mencionan además las conversaciones que habría tenido Neme con el hermano y la madre del subinspector fallecido, Ramón Morales Balcázar y Carmen Gloria Balcázar, para sustentar su análisis.

Para la mujer, la opinión de ambos familiares carece de relevancia ya que no mantenían "ningún tipo de contacto" con su hermano, haciendo énfasis en este punto a lo largo del documento. En detalle, la mujer asegura que se produjo un quiebre familiar, para invalidar las opiniones de Ramón y su madre.

“Ambos teníamos profundas diferencias y efectivamente estábamos distanciados“, explicó Ramón Morales a El Desconcierto, quien detalló que ha “leído afirmaciones que faltan profundamente a la verdad y que no tienen sustento de ningún tipo“.

“Más allá de la falta de veracidad de lo que se expone en el recurso, me parece total y absolutamente irrelevante“, expresó el hombre.

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Paula Morales, en el escrito, afirmó que José Antonio Neme había vulnerado, además, el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile al referirse al posible montaje de la PDI. Ramón, sin embargo, afirmó a este medio que no cree que “las legítimas preguntas expuestas por ningún periodista respecto a este caso transgredan la ética periodística u ofendan a la familia“.

De acuerdo con el activista medioambiental, lo que sí es una falta a la ética es “tergiversar información privada y sobre todo irrelevante para exponerla en la forma que lo han hecho algunos medios“.

Esto es compartido por el Colegio de Periodistas, desde donde manifestaron su apoyo a José Antonio Neme, evocando la Ley de Prensa que establece que la libertad de emitir opinión contempla que en dicho ejercicio las y los profesionales no puedan ser perseguidos ni discriminados, en tanto ​se reconoce a las personas “el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.

“En un país democrático la libertad de expresión es fundamental para conocer el estado de las instituciones, dado el interés público que representan en la ciudadanía. Por eso, el Colegio de Periodistas de Chile considera urgente y necesario que se debata en los medios de comunicación sobre el actuar de las policías y sus protocolos institucionales, los cuales han sido cuestionados últimamente por la opinión pública y sociedad civil“, agregaron.

El rol de la PDI

“Es un grave error que las instituciones públicas amparen estas acciones cada vez que los profesionales de las comunicaciones ejercen el legítimo derecho consagrado en la Constitución“, manifestó además el gremio, por el rol que juega la PDI en este recurso.

Esto, ya que la acción judicial que busca “borrar“ el registro donde Neme cuestiona el operativo policial, fue presentada por el Prefecto Inspector Luis Silva Barrera, Jefe de la Jefatura Jurídica de la PDI.