Los candidatos independientes a la Convención Constitucional han pisado el acelerador durante esta semana clave para desplegarse por los distritos que buscan representar y hacer un intenso trabajo informativo por redes sociales para conseguir el patrocinio de sus candidaturas. Esta etapa concluye el próximo lunes 11 de enero.

Fue el 17 de diciembre cuando el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, lanzó la plataforma en la que los ciudadanos, con derecho a sufragio y no afiliados a partidos políticos, pueden ingresar con su Clave Única y patrocinar solo a uno de los postulantes inscritos por su distrito, un requisito que deben cumplir los candidatos y candidatas para seguir en la carrera constitucional. En el detalle, deben contar con el respaldo igual o superior al 0,2% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección de diputados. La única excepción se da si dicho porcentaje de electores en un distrito electoral es menor a 300, en cuyo caso se requerirá el patrocinio de 300 ciudadanos independientes. El primer día se registraron más de cinco mil patrocinios, según contabilizó el Servel.

Así las cosas, en poco menos de un mes, los candidatos han tenido que sortear más de un inconveniente. El más complejo, advierten, ha sido lidiar con la falta de información generalizada sobre el proceso en un acotado plazo para conseguir los patrocinios. A la vez, se han registrado dificultades para ingresar con la Clave Única, el sistema disponible para autentificar la identidad, proporcionada por el Registro Civil. Javier Caces se inscribió en dos oportunidades para recibir su clave, sin embargo, no ha recibido respuesta. “Me urge porque quiero marcar por mi candidato, pero por segunda vez consecutiva no he podido porque no me devuelven el llamado”, cuenta a El Desconcierto.

Desde una mirada más amplia, Andrea Repetto, directora de Espacio Público, asegura que la información que ha entregado el gobierno, a través del Servel, no ha permeado lo suficiente como para otorgar todas las garantías. En la página del gobierno sobre el proceso constituyente (https://www.gob.cl/procesoconstituyente/#convencion) no hay una lista que unifique a los candidatos por distrito que entregue antecedentes sobre sus biografías, experiencia y trayectorias. Esta lista solo se despliega al iniciar sesión con la Clave Única en Servel. Han sido iniciativas ciudadanas las que han impulsado informativos interactivos de los postulantes por distrito, como https://ciudadanialista.cl/, donde puedes interiorizarte en las propuestas de las y los candidatos por distritos.

A pocos días que finalice esta etapa, Repetto cuenta que las dudas frecuentes que ha debido contestar, como parte del equipo de la lista de Independientes No Neutrales, han ido desde qué significa patrocinar a un postulante hasta si es que eso conlleva afiliarse a un partido político. De hecho, que el fin de semana se viralizara un video de la periodista Montserrat Álvarez explicando el proceso, cree que jugó a favor del aumento de las firmas. “Son personajes que tienen llegada al público y que lo explican de manera didáctica. A quién le haya correspondido hacer esto, lo cierto es que la información no ha llegado lo suficiente”, dice. Además, cree que no se calibró lo que significaba recoger el porcentaje de firmas solicitadas durante una pandemia y la brecha digital existente en los territorios. “El gobierno anticipó los recursos para lo que esperaban del proceso y eso ha resultado más difícil de lo que pensaban”, sostiene.

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Migrantes, excluidos de patrocinar

Si bien los migrantes con derecho a sufragio –con residencia de cinco años y no condenados a pena aflictiva–, pudieron participar del plebiscito de noviembre y podrán hacerlo también en abril próximo, no pueden patrocinar candidaturas. Así, 400.000 migrantes habilitados para votar han quedado al margen del proceso, según lo detallaron en una carta dirigida al Servel este lunes.

“Vemos como nuevamente opera lo que a la luz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la misma Constitución, a nuestro entender es una lectura estrecha de lo planteado en el Art. 14 de la ley N°18.700, que deja fuera a casi 400.000 personas, que no pueden firmar por candidaturas independientes para que participen de la Convención Constitucional. Consideramos que con tal interpretación se vulneran principios de la Constitución establecidos en los artículos 1 y 19, inciso 2, que establecen la igualdad ante la ley en el ejercicio de derechos para "todas las personas", sostuvieron en este documento.

Catalina Bosch, una de los dos candidatos impulsados por la Coordinadora Nacional de Migrantes, atribuye la situación a una interpretación estrecha del Servel de la ley emanada por el Congreso. “Todo parece indicar que la responsabilidad fundamental radica en el Congreso porque al redactar la ley que regula el proceso indicaron que eran chilenos. El Servel nos dijo que tenían que apegarse a esa interpretación, pero pensamos que siempre hay margen para resguardar derechos, independiente de quien se haya equivocado”, indica.

Una posición que dejaron de manifiesto también, mediante un requerimiento presentado al Instituto Nacional de Derechos Humanos, aunque, de todos modos, reconoce una grave afectación a los derechos políticos de la comunidad migrante y, de paso, a la representación que buscan tener en el proceso en curso. “Tengo un montón de personas que han querido patrocinarme, familiares y cercanos, pero el sistema no se los ha permitido por ser migrantes, aun cuando lleven muchos años residiendo en Chile. Patricio Santamaría solo nos dijo que estábamos en nuestro derecho de reclamar, pero que esos reclamos debían ir al Congreso”, cuenta Bosch.

Escaños reservados a contratiempo

Los candidatos y candidatas mapuche que buscan ocupar escaños reservados han contado con menos tiempo para desarrollar esta etapa. La ley que estableció las condiciones para que los representantes de pueblos originarios participaran de este proceso se publicó el 23 de diciembre pasado y a los días se habilitó la plataforma en el Servel para iniciar el patrocinio.

Para estos casos, los candidatos cuentan con más de una alternativa para obtener el patrocinio. Podrán tener el respaldo de a lo menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante la Conadi, que cuentan con personalidad jurídica, o un cacicazgo tradicional reconocido por ley, perteneciente al mismo pueblo del candidato o candidata. También podrán patrocinar las organizaciones que no estén inscritas requiriéndose el apoyo de sus socios.  La dificultad de esto último, explica el alcalde de Tirúa y candidato constituyente, Adolfo Millabur, es que se cumpla el tiempo establecido para convocar esa comunidad y lograr que asista el número solicitado. “Es muy difícil conseguir patrocinio de comunidades porque el estatuto dice que debe ser con cinco días de anticipación para convocar a la reunión y cuando es más amplia la comunidad es mucho más difícil”, detalla.

La última opción es la recolección de firmas donde el requisito es contar con 120 personas naturales indígenas que deben contar con certificado de calidad indígena entregada por la Conadi. “Aquí las personas deben pedir a la Conadi que le entregue ese documento, y si ya son parte de asociación o comunidad lo tienen por defecto”, indica Millabur.

[caption id="attachment_404856" align="alignnone" width="2560"] Ingrid Conejeros también es candidata independiente por escaños reservados, conocida por su rol de vocera de la machi Francisca Linconao durante su huelga de hambre. Ella pone el acento en la voluntad política para sacar la ley. “El retraso en general tiene que ver con que el gobierno y los parlamentarios que tomaron muy tarde este tema, fue dilatado de inmediato cuando se promulgó el 'Acuerdo por la Paz' el 15 de noviembre”, opina.[/caption]

Desde que se comenzó a gestar el proceso, ellos pusieron las alertas sobre la celeridad que requería la reforma constitucional que garantizara la participación indígena. “Manifestamos que debía ser emitida durante los primeros meses del año. Entonces, vemos una clara intencionalidad política de dilatar el proceso y tener menos posibilidades como representantes indígenas”, expresa, reconociendo una situación que afecta lo más sensible del proceso: “Lograr ser lo más democrático posible y tener representación de la mayor cantidad de organizaciones”.

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La brecha digital en zonas rurales también asoma como otra desventaja con la que corren. “Hablamos con el director del Servel de la novena región [Carlos Zurita] si es que iba a haber un material guiado. Nos dijeron que iban a hacer instructivos y eso es lo que hay, pero son de larga lectura, no son muy didácticos. Nosotros nos hemos encargado de hacer pequeños videos donde se muestra cómo hacer el patrocinio”, explica Conejeros.

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