En el marco de los cargos formulados por la Contraloría General de la República contra siete generales de Carabineros de Chile, por su responsabilidad de mando en la represión y vulneración de Derechos Humanos por parte de los agentes estatales, durante las manifestaciones posteriores al estallido social de octubre pasado, esta jornada se dio a conocer que la Corte de Santiago declaró inadmisibles la totalidad de los recursos de protección que presentaron los altos mandos de la policía, que buscaban evitar esta investigación.

Se trata de los generales Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, ex jefe de Fuerzas Especiales de Carabineros. Todos presentaron estas acciones judiciales para intentar evadir el sumario del ente rector, pero ninguno lo logró.

Fue entre el miércoles y el viernes de la semana pasada que estos recursos fueron presentados contra Contraloría, el contralor Jorge Bermúdez, la fiscal del organismo Doris Roa, y el fiscal instructor del sumario, Carlos Soto. En estos alegatos, exponían que el sumario y los cargos eran inconstitucionales, acusando un actuar “arbitrario e ilegal” de los funcionarios del ente fiscalizador.

No obstante, y de acuerdo a lo informado por La Tercera, la Sala de la Corte de Santiago determinó que las acciones judiciales presentadas por la defensa de los generales "sobrepasan los márgenes del recurso de protección, teniendo en consideración según señala el propio recurrente, aún existe un procedimiento administrativo pendiente y el acto impugnado no tiene carácter terminal, sino que es un acto de trámite o intermedio que forma parte de un procedimiento complejo, como es el sumario administrativo”.

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Ante esto, el abogado que presentó la mayoría de los fallidos recursos, Jorge Martínez, ingresó un recurso de reposición y además, por si esto no surtía efecto, una apelación ante la Corte Suprema.

“Debe existir tutela porque, eventualmente, por el solo hecho de la formulación de cargos se están vulnerando sus derechos constitucionales. Negar la tutela judicial sería someter a los generales a una comisión especial, rompiendo el equilibrio institucional del Estado de Derecho”, señaló el abogado de los carabineros.