Los diputados de RN por La Araucanía Miguel Mellado, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y René Manuel García presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de la Resolución Exenta N° 3.925 emitida por Gendarmería el 29 de julio que permitió al gobierno negociar el término de la huelga de hambre de Celestino Córdova.

Específicamente, solicitaron al organismo pronunciarse sobre su legalidad.

"Aprobó disposiciones sobre aplicación del reglamento penitenciario orientadas a la pertinencia cultural y religiosa de internos", sobre su traslado a un Centro de Educación y Trabajo, una sección del penal para la reinserción laboral y social", aseguraron.

“Encuentro lamentable que el ministro de Justicia y su gente, negociaran con el asesino del matrimonio Luschinger Mackay", fueron las primeras palabras de Mellado.

"Cambiando el reglamento penitenciario a fin de que arreglaran su traslado a un Centro de Educación y Trabajo", agregó.

"Esto hace tener presos de primera y de segunda, chilenos de primera y de segunda", dijo.

Que "cualquier asesino que no ha mostrado arrepentimiento ni ha pedido perdón a la familia, tenga por el sólo hecho de llevar una huelga de hambre de 107 días, el premio de mejores condiciones penitenciarias", fue parte de su denuncia.

La presentación indica que la resolución de Gendarmería es “una norma de rango inferior, dictada por un Jefe de Servicio", se esgrimió.

"Pretende fijar el alcance de un reglamento que sólo puede dictar el Presidente de la República en base a sus competencias constitucionales y en tanto jerarca de la Administración del Estado”, cuestionaron.

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Asimismo, el texto argumenta que la huelga se presenta como "una forma pacífica de protesta social".

Esto, "en circunstancias de que la norma reglamentaria vigente para todos los chilenos las califica como falta grave de disciplina".

Respecto de la libertad condicional, concedida a Córdova para asistir a su rewe por 30 horas, el oficio también lo cuestiona.

Al respecto, asegura que este se encuentra "al borde de la vulneración de la voluntad legislativa". Adicionalmente, "dispone criterios favorables a los miembros de pueblos originarios, desconociendo los fundamentos centrales del beneficio e indirectamente los requisitos legales".

"Como fiscalizadores de los actos de gobierno, este requerimiento lo que quiere es tener un pronunciamiento claro de la Contraloría sobre este tema", fue la solicitud de Rathgeb.

Lo anterior, con el "fin de determinar los alcances y la política que se debe seguir a futuro, para que las autoridades no cometan situaciones que estén fuera de la normativa que corresponde".

“Esta Resolución viola el principio de igualdad ante la ley, porque otorga privilegios a un condenado por doble homicidio que chantajea al gobierno con una huelga de hambre que pone en riesgo su vida”, fueron las palabras García.

En ese sentido, el oficio busca que "Contraloría revise si efectivamente Gendarmería de Chile violó el principio de legalidad".

"A nuestro parecer, se trata de una resolución que debió haber sido sujeto de toma de razón y firmada por el Presidente de la República y el ministro de Justicia", agregaron.

"Nos preocupan los considerandos de la resolución envían una señal muy perniciosa a la población penal y dejan entrever un manto de impunidad intolerable ”, dijo el diputado Paulsen.