Tras una denuncia interpuesta por el diputado Hugo Gutiérrez (PC), el consejero regional Pedro Cisternas y el concejal Matías Ramírez, la Fiscalía de Tarapacá inició una investigación por hechos que podrían ser constitutivos de delitos, alusivos a la adquisición vía trato directo de cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, y los traspasos realizados a instituciones privadas para el cumplimiento de estos mismos fines.
“Dada la gravedad de la denuncia, decidí que fuera la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de esta Fiscalía Regional la que asumiera la investigación, y en específico será el fiscal Juan Zepeda quien la estará liderando", informó el Fiscal Regional, Raúl Arancibia.
"Él, junto a un equipo de la Policía de Investigaciones, deberán esclarecer si existen o no delitos en los hechos denunciados y quiénes podrían haber participado”, agregó.
Los hechos que se investigan dicen relación con la adquisición vía trato directo de 23.113 cajas de alimentos dada la emergencia sanitaria, por un valor que supera los $1.190 millones y la transferencia de más $946 millones a una institución sin fines de lucro, con la finalidad de ejecutar los proyectos de adquisición de canastas básicas de alimentos no perecibles y útiles de aseo, los cuales podrían constituir los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.
