Pese a que no había duda de que la reforma se aprobaría -estaban los votos en el congreso y desde La Moneda observaban resignados- los aires apocalípticos jamás dejaron de soplar. Evelyn Matthei ya había advertido semanas antes, en un acto de seudo “piroquinesis”, que si se admitía el retiro del 10% de los fondos de la AFP el país se incendiaría.

Y así se percibió hasta ayer, cuando en plena ronda de argumentación en el Congreso, el senador Andrés Allamand buscó torcer el destino proponiendo un cambio en el quórum de la votación, y hasta Ena Von Baer citó a Allende para precisar que se había vulnerado la institucionalidad.

Pero ya no había vuelta atrás. El proyecto fue finalmente aprobado, en medio de un clima beligerante, que buscó homologar el retiro de los fondos con el origen de todos los males. Una iniciativa que fue catalogada por la derecha más dura como populista, apelando a un viejo adagio criollo: “pan para hoy y hambre para mañana”. Así, sin terminos medios. El mismo día de la votación, de hecho, la Dirección de Presupuesto estimó que el impacto fiscal de la medida perduraría hasta el año 2100.

Números, estadísticas y porcentajes que obviamente no todos comparten, incluidos algunos economistas que consideran que estos temores carecen de sustento real. “Aquí hubo una emergencia agudísima, una crisis que se produce cada 100 años y por lo tanto no hay espacio para remilgos, hay que traspasarle a las personas recursos para que puedan, al menos, satisfacer sus necesidades básicas”, acota Álvaro Gallegos, exsuperintendente de pensiones que firmó una carta de apoyo al retiro de los fondos junto a otros economistas.

Si bien la mayoría de los especialistas consultados por El Desconcierto reconoce que no es lo ideal retirar los fondos, la falta de una mejor solución por parte del Estado, obliga a replantear esa alternativa. En cualquier caso, aseguran, se trata de una medida excepcional. “No es lo óptimo que la gente tenga que autoayudarse, porque el Estado no ha sido diligente para hacer llegar la ayuda, pero es un recurso que existe y que a mi me parece que, a esta altura, es lo que hay que hacer”, sostiene la economista Jacqueline Saintard, miembro del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible.

Y hay que hacerlo, coinciden todos, debido al aporte exiguo del gobierno frente a la crisis, a través de programas focalizados que no alcanzan a satisfacer las necesidades de gran parte de la población (Bono Covid, IFE 1.0, IFE 2.0, cajas de mercadería, protección al empleo, ingreso mínimo garantizado y otros). Siempre que se habla de gasto, asegura Gallegos, la ayuda se condiciona a determinados requisitos.  “Deben pasar por una evaluación de costo- beneficio, cuando hay amenaza de hambre y las personas buscan un sustituto para sus ingresos, viéndose muchas veces en la obligación de romper la cuarentena, a riesgo de contagio o incluso de muerte”, agrega el economista.

“Son puros poquitos, es todo fragmentado”, complementa Lysette Henríquez, coordinadora de la Comisión Económica del PS, refiriéndose a los programas y bonos implementados por el gobierno. Son tan insuficientes, agrega, que más de un millón y medio de personas apelaron al Ingreso Familiar de Emergencia. “Son todas coberturas relativamente bajas. Si sumas lo que han entregado hasta ahora no pasan de los 1.100 millones de dólares”, asegura.

En rigor, no hay ningún bono o programa de gobierno con un nivel de cobertura tan vasto como el retiro universal de los fondo de la AFP. Hoy, según datos de la Superintendencia de Pensiones, alrededor de 11 millones de afiliados estarían en condiciones de obtener, en caso de aprobarse el proyecto, el 10% de sus ahorros previsionales. De este total, según han consignado algunas encuestas, al menos el 70% asegura estar de acuerdo con retirar parte de sus fondos, o sea, alrededor de 7,7 millones de personas. Los porcentajes de distribución  de acuerdo a las alternativas de retiro serían los siguientes: 700 mil podrían retirar 4,3 millones de sus saldos; 2,6 millones podrían obtener entre un millón y menos de 4,3 millones; 4,6 millones podría recuperar 1 millón de pesos y 3 millones de personas podrían retirar entre menos de 1 millón y la totalidad de su saldo.

Las razones de no haber adoptado otro tipo de medidas, a tiempo y sin una política fragmentaria,  radica según los especialistas en criterios técnicos e ideológicos. “Mi visión es que ha habido una ceguera respecto a los dogmas sobre cosas que eventualmente no se pueden hacer y que son ideológicas en este sistema, como mantener el equilibrio fiscal, el terror de aumentar el gasto y que el Estado cumpla su rol en un estado excepcional de pandemia”, asegura Jacqueline Saintard. Luego agrega: “Lo que duele es la indolencia de quienes deberían ser los primeros en preocuparse por el bien común que es el Estado, representado por las autoridades de turno, que son aquellos que deben desvelarse para ver cómo pueden mitigar los efectos secundarios que tiene la crisis sanitaria. Pero son incapaces de condolerse y hacen prevalecer sus intereses”.

Para Francisca Barriga, economista de la Fundación Sol, esta crisis es un reflejo de la fragilidad de la clase media. “Una clase media que todos estos años, según se ha sostenido discursivamente, era capaz de llegar con sus propios medios a fin de mes, pero que en esta pandemia vemos como este ideario se cae”, sostiene. Un segmento social que según cifras del Banco Central destina el 75% de sus ingresos a pagar sus deudas y que según la última Encuesta Nacional de Empleo sería parte importante de los 4,1 millones de personas que se encuentran hoy con problemas de empleo total, parcial o potencial.

Precisamente sería este sector uno de los más favorecidos con el retiro del 10% de los fondos de pensiones, porque gran parte no tenía los subsidios fiscales que se concentraban en los grupos más vulnerables.  “Nuestra clase media es muy precaria, si le ocurre un incidente como éste se desploma, porque recibe salarios muy ajustados y debe comprar salud, pensión, educación y cuando va a adquirir bienes, se enfrenta a un mercado hostil que se colude. Es una clase que necesita urgente mantener su estatus y que está en todo su derecho de acudir a sus ahorros previsionales”, asegura Gallegos.

A diferencia de los pronósticos más desalentadores, aquellos que se escucharon con fuerza estas últimas semanas y que tampoco alcanzaron para convencer a todos los parlamentario de Chile Vamos, se estima que el retiro de fondos oscilará entre los 12 mil y 15 mil millones de dólares, revitalizando nuestra economía y  otorgando mayor liquidez para la demanda de productos, servicios e incluso el pago de deudas. A esto se sumaría un impacto menor en las pensiones, según un estudio de la Fundación Sol, que estima una fluctuación entre 2 mil y 20 mil pesos, dependiendo del sexo y la edad de la persona afiliada al momento de jubilar.

“La gente no va a meter la plata debajo del colchón, es una inyección a la vena de la demanda interna y va directamente a reactivar la economía a través del consumo. Eso  implica una reactivación a corto plazo, con un componente de fuerte empleo, y una importante recaudación fiscal”, concluye Lysette Henríquez.