El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien la semana pasada vetó el uso obligatorio de mascarillas contra el COVID-19 en comercios, iglesias y escuelas, amplió este lunes esa decisión a las cárceles, que alojan a cerca de 750.000 presos.

Un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial eliminó de un proyecto de ley aprobado por el Parlamento un punto en el que se establecía "la obligatoriedad del uso de máscaras de protección individual en los establecimientos penitenciarios y de cumplimiento de medidas socioeducativas".

La semana pasada, Bolsonaro había vetado de ese mismo proyecto la obligación del uso de mascarillas preventivas en comercios, iglesias y escuelas, así como otro punto que obligaba a los poderes públicos y empresas a distribuir máscaras a la población económicamente más vulnerable y a los trabajadores.

En el caso de las máscaras en lugares cerrados, el gobierno ha alegado que la obligación de uso podía incurrir en una "posible violación de domicilio" contraria a la Constitución y argumentado que el proyecto del Parlamento suponía que esa prevención debería ser extensiva a todas las residencias y los ámbitos privados.

Brasil es desde hace semanas uno de los epicentros globales de la pandemia y, según los últimos balances oficiales, suma hasta ahora casi 65.000 muertos y más de 1,6 millones de personas contagiadas.

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Los datos sobre la incidencia del coronavirus en el sistema de prisiones, uno de los más poblados y hacinados del mundo, con cerca de 750.000 reclusos, dicen que se han registrado unos 5.000 casos confirmados y 70 muertes, pero no son actualizados regularmente.

Los vetos de Bolsonaro a las normas sobre el uso de máscaras aún serán analizados por el Parlamento, que podría dejarlos sin efecto, pero no anulan las medidas adoptadas por gobernadores y alcaldes, que han impuesto ese tipo de prevención en casi todo el país.

Según ha decidido la Corte Suprema, los estados y municipios son, por imperativos constitucionales, los responsables de adoptar todas las medidas de precaución sanitaria, lo que incluye las cuarentenas, en sus propias jurisdicciones.

Bolsonaro, uno de los gobernantes más escépticos en relación a la gravedad de la COVID-19, se ha quejado en numerosas ocasiones por esa decisión del Supremo y achacado a las medidas restrictivas decididas por gobernadores y alcaldes el "desastre económico" que causará la paralización de las actividades productivas.

El líder de la ultraderecha brasileña ha desafiado a menudo esas restricciones y circulado por las calles de Brasilia sin máscara, así como ha participado en actos organizados por sus seguidores sin respetar las medidas de aislamiento social.

El mes pasado, un juez federal dictaminó que el gobernante tenía que usar la máscara preventiva siempre que esté en público, pero un tribunal de segunda instancia anuló esa decisión tras un recurso de la Abogacía General de la Unión, que representa los intereses del Estado brasileño.