El juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, decidió este jueves que es la administración "ad hoc" nombrada por el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, y no la del presidente Nicolás Maduro, la que puede acceder al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).

En un dictamen que sienta precedente, el magistrado consideró que el gobierno del Reino Unido ha reconocido "inequívocamente" a Guaidó como "presidente interino constitucional" del país sudamericano y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.

El magistrado también ha dictado que "no es justiciable" -es decir, que la corte no tiene potestad para someter a examen- la legalidad según el derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV hechos por el líder opositor, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.

El bufete Zaiwalla & Co, que representa en este proceso a la junta del banco central venezolano nombrada por Maduro, dijo hoy que planea recurrir el fallo, pues opina que el tribunal "ha ignorado la realidad sobre el terreno" de que es el gobierno de Maduro el que "controla" las instituciones del Estado en Venezuela, mientras que los cargos puestos por Guaidó ni siquiera residen en el país y además fueron invalidados allí.

Una vez se presente el recurso, el juez de la división Comercial y de la Propiedad del Superior decidirá si lo admite o no trámite, lo que debería hacer relativamente rápido por la urgencia y relevancia internacional del caso.

Por su parte, el despacho jurídico Arnold & Porter, en representación de la junta de Guaidó, se congratuló en un comunicado por su éxito y señaló que el derecho de este político "a actuar como presidente interino de Venezuela ha sido reconocido como legítimo por unos 60 países, incluido el Reino Unido".

El dictamen emitido hoy significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró "en medio de las partes" en disputa, puede recibir instrucciones de la junta del BCV nombrada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.

Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el tribunal podrá avanzar en la demanda presentada el 14 de mayo contra el BoE por Ortega, que le acusó de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.

El fallo servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.

Durante el juicio de la semana pasada, el letrado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como "presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones creíbles", en la práctica "mantiene lazos diplomáticos" con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.

Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el gobierno de Londres reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.

Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe acoger positivamente los actos de Guaidó en Venezuela como "soberanos", sin someterlos a escrutinio, debido, dijo, a que "no son justiciables" en jurisdicción británica.

El conjunto de este proceso, incluida la demanda contra el Banco de Inglaterra y el litigio con Deutsche Bank, se alargará un tiempo, por sus ramificaciones legales y el precedente que sienta de cara a futuras peticiones de Caracas.