El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, recurrió a la Contraloría General por la millonaria contratación de una residencia sanitaria que estaría vinculada a un alto funcionario del Ministerio de Salud y que habría sido visada por el subsecretario de Redes Asistencias, Arturo Zúñiga.
El parlamentario oficialista pidió al ente contralor que "ejerza las acciones que correspondan para determinar si el sumario iniciado por la subsecretaría se ajusta a derecho y se analicen las demás aristas de infracciones administrativas que pudieran estar presentes".
Celis, quien además es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, explicó que "sabemos que hay un proceso sumario iniciado, pero es imprescindible que se verifique si dentro de este se cumplen las normas correspondientes. Podríamos estar frente a infracciones graves al deber de probidad por la potencial irregularidad del proceso, especialmente teniendo presente que esta empresa se constituyó presumiblemente para estos servicios, por lo que la participación de la Contraloría General es sumamente importante".
Sobre la orden de no pago que instruyó el subsecretario de Redes Asistenciales, el diputado aclaró que "le pedí mediante oficio al subsecretario Zúñiga, que detalle cuándo instruyó el no pago de los servicios aludidos y si se realizaron pagos anteriores. Asimismo, es esencial conocer si los servicios fueron efectivamente prestados, porque la orden de no pago dada por el subsecretario no se condice con la prohibición de enriquecerse sin causa que pesa sobre el Estado".
