La crisis social por la que atraviesa Chile a causa del coronavirus, ha redundado en una compleja la situación para las trabajadoras de casa particular. Tanto así que, de acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Pensiones que cita un comunicado del gremio, a la fecha 14.105 trabajadoras del sector han cobrado su indemnización a todo evento, mientras que sólo durante la última semana 1.647 mujeres, en su mayoría jefas de hogar, vieron suspendidos sus contratos por la emergencia sanitaria.

La realidad, aseguran ellas, "es mucho más alarmante, ya que el 53% las trabajadoras de casa particular son informales, según las cifras del INE a marzo de este año", a lo que se adiciona el importante número de despidos que han enfrentado.

"Considerando la urgente necesidad de acceder a información que permita evaluar la eficacia de la política pública de protección de empleo en lo que respecta al trabajo doméstico, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap) ha solicitado a la Cámara de Diputados que oficie a la ministra del Trabajo, para que, de manera mensual, informe la situación respecto al número de término de contratos registrados, contratos registrados vigentes, solicitudes de retiro de fondos desde las cuentas individuales (4,11%) y el estado de pago de cotizaciones en este sector desde el inicio de la declaración de catástrofe", aseguran a través de un comunicado en el que emplazan a la secretaria de Estado a cargo de este frente, María José Zaldívar.

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“Necesitamos al menos contar con la información de las compañeras que estaban formalizadas para poder trabajar con esos datos y buscar apoyo. Por eso hemos solicitado que el gobierno nos entregue estos antecedentes y se haga cargo de la desprotección y abandono que hemos vivido por años las trabajadoras de casa particular por parte del Estado”, dijo Luz Vidal, presidenta de Sintracap RM.

Asimismo, las trabajadoras abogan por medidas inmediatas de reparación frente a la condición de desmedro laboral en el que se encuentran. “Exigimos la incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, esto permitirá que las trabajadoras formalizadas del sector puedan acceder, en igualdad de condiciones, a las medidas implementadas por el gobierno”, añadió Vidal.

Adicionalmente, Vidal enfatiza en la necesidad perentoria de "ampliar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia y buscar un mecanismo para abordar la situación de las trabajadoras migrantes, que representan a 1 de cada 3 de las trabajadoras de casa particular en el país".

“Recabando información con las compañeras migrantes, nos señalan que no cuentan con el Registro Social de Hogares para postular a los beneficios y, por lo mismo, no les llegará nada de las ayudas implementadas. Esta situación ya la habíamos abordado el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, pero hasta la fecha no tenemos respuestas”, denunció.

Paralelamente, enfatizó en que desde el inicio de la pandemia en nuestro país han "alertado a las autoridades del gobierno y a parlamentarios respecto a las problemáticas específicas del sector", motivo por el que desde el martes 26 de mayo el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular empezó a participar de la Mesa de Género y COVID-19 del Congreso Nacional, con el propósito de "visibilizar el incumplimiento del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras de casa particular, donde se explicita la obligación de igualar las condiciones laborales y de seguridad social respecto del trabajo doméstico".