Nos encontramos en un escenario de pandemia global. Sin duda, momentos como estos develan las profundas injusticias que existen en nuestro país y se vuelve más evidente cómo el modelo neoliberal releva el mercado y la propiedad por sobre la vida humana. En este caso, respecto al acceso a la salud, el saneamiento, un trabajo digno, entre otros. Quienes luchamos porque el agua se entienda en Chile como un derecho humano, hemos podido observar con preocupación que las comunidades que ya tenían graves problemas para acceder al agua, hoy ven sus vidas más amenazadas por no poder acceder a una cantidad básica de agua para poder lavarse las manos y protegerse del virus. Tal como lo ha sostenido insistentemente la OMS y la autoridad sanitaria de nuestro país, el aislamiento social y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, son medidas esenciales para prevenir los contagios y resguardar a la población.

Desde la Mesa Regional por la recuperación democrática del agua de la Región de Valparaíso, llevamos un tiempo luchando por el derecho humano al agua en el contexto de escasez hídrica que vive la región. Como tantas veces lo hemos dicho, el derecho humano al agua se ha convertido en un derecho reconocido sólidamente en el ámbito del derecho internacional, sobre todo dentro del sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas. En Chile, el agua es concebida como un bien nacional de uso público, según el artículo 595 del Código Civil y el Código de Aguas. Sin embargo, la Constitución Política de la República y el mismo Código de Aguas otorgan a los particulares derechos de propiedad sobre el agua, lo que en la práctica se traduce en una completa contradicción con las directrices, consagraciones y recomendaciones hechas por la comunidad internacional, y con las obligaciones que el Estado de Chile debe asumir y cumplir en esta materia.

Desde hace más de una década, la Región de Valparaíso sufre una aguda y creciente escasez hídrica. Actualmente, 36 de sus 38 comunas se encuentran bajo la denominación de zona de catástrofe hídrica por sequía. Entre los años 2008 y 2019 el Ministerio de Obras Públicas ha emitido un total de 92 decretos de escasez hídrica para la región. Durante el último año, la emisión de estos decretos ha permitido la extracción de agua y la entrega de recursos de emergencia -a través de camiones aljibes- a las comunas más afectadas, beneficiando a 108.387 personas de nuestra región, específicamente, habitantes de las provincias de Petorca, Valparaíso, San Antonio, Quillota, Los Andes y Marga Marga.

Una de las provincias más afectadas es Petorca, donde aproximadamente 30.000 personas, es decir, cerca de la mitad de su población, está siendo abastecida con agua potable a través de camiones aljibe, sin que se alcancen los 50 litros diarios por persona. En este contexto, diversos municipios, entre ellos el de Petorca, se han visto en la necesidad de invertir parte importante de sus presupuestos municipales en asuntos hídricos.

El informe de actualización de la Misión de Observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizada en la Provincia de Petorca entre enero del 2017 y julio de 2018, señala que la situación ha alcanzado niveles tan graves, que se ha vulnerado el derecho humano de acceso al agua. En palabras del INDH, “las condiciones de igualdad y no discriminación en cuanto a garantizar su acceso no estarían siendo cumplidas por el Estado de Chile, por cuanto aún hay poblaciones rurales que son abastecidas por camiones aljibes; en ese sentido, tal como se señaló  a comienzos del año 2017, autoridades del Gobierno Regional de Valparaíso reconocieron la existencia de un ‘mercado negro’ del agua en la zona de Petorca”.

En la Región de Valparaíso, no sólo existe un problema con la privación de agua, por una sequía prolongada y por la sobreexplotación que grandes empresas agrícolas generan –sobre todo en zonas interiores de la región— sino que también, por la minería del cobre y el desarrollo inmobiliario sin factibilidad hídrica. Se le suman, la contaminación de los cuerpos de agua y el negocio de la venta y distribución del agua a través de camiones aljibes.

Ante este escenario, considerando que Valparaíso es una de las regiones más afectadas por la crisis hídrica a nivel país, resulta fundamental que la autoridad tome de inmediato medidas efectivas que permitan el abastecimiento de agua potable para nuestra población. De lo contrario, estaremos siendo condenados a enfrentar una de las mayores crisis sanitarias a nivel mundial sin el principal elemento que permite dar protección y prevención de contagio a nuestros habitantes. Es por esta razón que hemos presentado dos solicitudes relativas a esta materia.

En primer lugar, le hemos solicitado al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que fiscalice la resolución 458 que deja sin efecto la resolución 456 que aumentaba de 50 a 100 litros de agua por persona, sobre todo para la Provincia de Petorca. El propio intendente de la región, Jorge Martínez, asumió el pasado viernes que se trataba de un error. Esperamos que, por el bien de la población, se rectifique.

En segundo lugar, se hizo una petición al Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, contraalmirante de la Armada de Chile, Sr. Yerko Marcic, quien tiene facultades de excepción en el contexto de pandemia para que: a. Requise o limite derechos de agua a las grandes agrícolas de la zona para abastecer a comunidades con crisis hídrica en la provincia de Petorca (y que se replique en las demás provincias de la Región de Valparaíso); b. Fiscalice la calidad del agua que está siendo entregada a través de camiones aljibe; y c. Oficie a CONAF, para que no se destinen instrumentos de fomento productivo para plantar paltos en suelos sin aptitud de cultivo y que compiten directamente por agua dulce con la población.

El agua, entendida como derecho y bien común, debe ser pensada desde su  función social, sobre todo durante la crisis sanitaria por #COVID19. Urgimos a las autoridades regionales a destinarla para el consumo humano y bien común.