Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, anunció anoche una querella contra la mujer de 63 años contagiada con COVID-19 que fue sorprendida y posteriormente detenida la tarde de este sábado en el Jumbo ubicado en el Mall Alto Las Condes, en un hecho que fue ampliamente comentado en redes sociales durante la jornada de sábado, principalmente por el nivel de indignación que causó en la gente su actitud.

La mujer, de quien luego se supo es médico, fue tomada detenida con posterioridad a un control de Carabineros que se generó con posterioridad a que personal policial se percatara de su presencia tras ser advertidos desde una sucursal de Integramédica que había visitado.

Los hechos hablan de que quien actualmente está en calidad de imputada por infringir la ley, no disponía de permiso para transitar durante la cuarentena, a lo que se adiciona que luego se constató que estaba en la lista de contagiados por coronavirus.

“Esta persona conociendo su condición, expuso a ciudadanos que estaban en un lugar a verse contagiados de esta enfermedad. Por eso mismo nosotros vamos a iniciar acciones judiciales, vamos a presentar una querella en su contra y, por lo tanto, se iniciará una investigación penal de tal manera de llegar a una sanción efectiva”, dijo el subsecretario entrevistado anoche en Meganoticias acerca del anuncio que también había oficializado vía Twitter.

Por su parte, el fiscal de Flagrancia Metropolitano Oriente, Omar Mérida había dicho antes que la mujer fue detenida en conformidad al artículo 318 del Código Penal, que refiere a situaciones en las que una persona pone “en peligro a la salud pública, por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio”.

En referencia a este artículo, el subsecretario Galli sostuvo que las sanciones por este concepto son “gravísimas”, que se busca “prevenir afectar la salud en situaciones de contagio, de epidemia o de catástrofe 2” y que además de exponerse a penas de presidio, quien infraccione la ley arriesga multas que pueden llegar hasta $50 millones.