Luego de que un estudio de la ONG Observatorio del Gasto Fiscal revelara que el Estado gasta US$43 millones al año en publicidad, y que un tercio de esos recursos "no se puede rastrear", el Consejo Para la Transparencia (CPLT) elaboró una serie de recomendaciones para el Ejecutivo para evitar este tipo de situaciones.

De acuerdo a las conclusiones del estudio, en 2018 los entes públicos realizaron compras de espacios publicitarios, casi exclusivamente en la prensa, beneficiando particularmente a El Mercurio con casi US$9 millones, y al grupo Copesa (dueño de La Tercera y La Cuarta, entre otros) con US$2 millones.

Otros beneficiados con estos dineros fueron la Archi con US$1 millón, Radio Bío Bío con 400 mil dólares, y Radio Cooperativa, con 370 mil dólares.

Todos estos sin contar el 35% de los US$43 millones al año que cuyo destino es imposible determinar según el estudio.

Las recomendaciones

En esa línea el consejo le recordó al gobierno que cada uno de los ministerios y sus correspondientes servicios o reparticiones deben informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los gastos asociados a publicidad y difusión en que haya incurrido. Pero además, el Consejo para la Transparencia recomendó a las reparticiones adicionalmente "publicar en sitios web de los respectivos ministerios, intendencias, gobernaciones, y órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, la información (...) debiendo mantenerla actualizada".

Además, el CPLT llama a "informar, respecto de los gastos en publicidad o difusión, tanto el detalle del gasto efectuando, como también los hechos que justifican la necesidad de la acción comunicativa para el cumplimiento de sus funciones".

En la misma línea, el CPLT sugiere "realizar evaluación de medios de alto impacto, a efectos de tener a la vista, de manera previa a la contratación, antecedentes que les permitan comparar los costos involucrados, el impacto y la masividad del medio elegido, como la relación entre los objetivos perseguidos y el mecanismo seleccionado para la difusión".

Asimismo, el consejo recomendó al Estado "informar los planes de manejo valorizados", lo que implica que "no solo se informe el precio total que fue pagado por el servicio contratado, sino que se publique el detalle del desglose de dichos servicios".

Por último, la entidad exhorta al Ejecutivo a "estipular en los términos de referencia de la contratación, la entrega de un informe de rendición de cuentas de las campañas" y que dicho informe sea "publicado en el enlace de contrataciones disponible en el sitio de transparencia activa del respectivo organismo".