Desde el 18 de octubre de este año, se ha hecho evidente para la opinión pública algo que distintos organismos y expertos/as venían advirtiendo hace ya varios años: el accionar de Carabineros de Chile incurre constantemente en la violación de los derechos humanos en el contexto de protesta social o en otros escenarios en los cuales debe ejercer su función pública de restablecer el orden.

El Estado chileno ha sido advertido de esta situación a través de diversos informes desde los años 90, aún así hemos llegado a octubre de 2019 como si ninguna de esas advertencias hubiese sido escuchada . En 1995 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas había hecho múltiples referencias a la falta de respuesta eficaz de parte de la institución de Carabineros para hacer frente a las denuncias de malos tratos y torturas (Documento A/50/44/de 1995), siendo incapaz la institución de  proceder a una investigación completa e imparcial sobre las denuncias (Documento CAT/C/CR/32/5 de 2004). A ese informe le siguen varios más de otros organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que desde 2003 ha incluido información sobre vulneraciones de los derechos humanos cometidas por Carabineros, y los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que desde su creación ha monitoreado la función policial en relación con la protección de los derechos fundamentales.

Esta situación indica, a su vez, la incapacidad civil de subordinar a Carabineros de Chile al poder político. Ello, no solo en el plano de la falta de capacidad para cumplir funciones policiales en cuanto a la prevención y control del orden público, sino también en cuanto la rendición de sus cuentas y su excesiva autonomía en materia de gestión operativa, financiera y de desarrollo institucional. Esto último se hizo evidente con el  descubrimiento en 2018 de fraudes millonarios cometidos al interior de la institución . Esto también se expresa en situaciones que evidencian una significativa falta de profesionalismo como la desinformación o desconocimiento del funcionamiento de protocolos, ignorancia acerca de la composición de elementos utilizados para “disuadir” la protesta, tales como balines, gases lacrimógenos y composición del agua del carro lanza aguas, que redundan en gravísimos daños físicos para quienes son atacados por esos elementos. Estas situaciones expresan la discrecionalidad con la cual Carabineros ha operado, sin ser efectiva o realmente fiscalizada.

Tras los reiterados informes de diversas agencias tanto estatales (INDH) como internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de DDHH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) los ojos hoy están puestos sobre la institución de Carabineros. Sin embargo, no podemos engañarnos pensando que con una reforma ad hoc, o una comisión especial se solucionará el problema. Ello, principalmente porque, tal como ocurre con las Fuerzas Armadas, es el poder civil el llamado a ejercer una autoridad efectiva sobre las instituciones de orden y seguridad, y velar porque el cumplimiento de sus funciones se haga de manera eficiente y bajo estricto apego a los derechos humanos.

En los más de cincuenta días que han transcurrido desde el inicio del estallido social, resulta evidente que las autoridades civiles no pueden o no quieren ejercer su autoridad sobre Carabineros. A la fecha ha sido removido y acusado constitucionalmente al Ministro del Interior, Andrés Chadwick que estaba en el cargo cuando se iniciaron las protestas, y al cual se subordina el alto mando de Carabineros. Sin embargo,  el general director de Carabineros, Mario Rozas,  no sólo continúa a la cabeza de la institución, sino que se burla de las víctimas y la opinión pública asegurando impunidad para los responsables de las violaciones a los derechos humanos y minimizando el daño infringido a la población.

¿Quién manda a quién?

En este escenario, observamos un problema concomitante:  la ausencia de un cuerpo independiente capaz de monitorear la función policial en sus diversos ámbitos, incluyendo la investigación y prevención de delitos, control del orden público, así como de control en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.  Hablamos de la necesidad y urgencia de un observatorio o watchdog de orden y seguridad, al que puedan sumarse diversos actores de la sociedad civil, entre ellos/as  expertos que desde hace varios años se dedican a la investigación académica en esos ámbitos, y también profesionales que desempeñaron funciones en instituciones gubernamentales relacionadas a Carabineros y las Fuerzas Armadas, entre otros.

Distintas columnas y entrevistas en medios de comunicación han sido publicadas en estas semanas por profesionales y expertos/as en la materia, en las que se exponen propuestas concretas y posibles caminos a seguir. Sin embargo, tal como señalan varias de esas opiniones, coincidimos que el problema no se agota en intervenciones programadas a Carabineros ni en la implementación de procesos de modernización. Creemos que ha llegado la hora de que la ciudadanía ejerza su derecho de vigilar a los vigilantes a través de un espacio que fortalezca y apoye la capacidad de subordinación que el poder civil debe ejercer sobre el policías y militares.

Por tanto, es urgente la creación de un observatorio que permitiría monitorear, evaluar y ejercer supervisión sobre las funciones de orden y seguridad que hoy están en crisis. Sería una forma en la cual la ciudadanía apoyaría el necesario y urgente proceso de cambio que Carabineros requiere.  Pero sobre todo una instancia como ésta emergería como un mecanismo permanente de control social capaz de articular la interlocución entre la ciudadanía y el Estado en materias de orden y seguridad. Este observatorio puede estar constituido por ciudadanas y ciudadanos, y organizaciones interesadas en vigilar y acompañar el cumplimiento de la política pública en los ámbitos de interés ya mencionados, a través de diagnósticos, seguimientos, e investigación siguiendo los  principios propios de este tipo de instituciones que incluyen  independencia, transparencia, responsabilidad y corresponsabilidad, objetividad y oportunidad.

Un observatorio trascendería la asesoría parlamentaria o gubernamental que de manera puntual hoy se realiza para el diseño e implementación de políticas, o para el trabajo legislativo, y que aparentemente no ha logrado las transformaciones institucionales necesarias. Sería una instancia donde el conocimiento y la reflexión se pongan al servicio de la acción política ciudadana, para conseguir incidencia real en las decisiones y acciones públicas. Llegando a constituirse en un aliado para otras organizaciones ciudadanas en temas afines, y en referente nacional para organismos e instancias internacionales.

Hacemos un llamado a los distintos actores involucrados e interesados en esta iniciativa, a emprender la creación de un observatorio de orden y seguridad. Ha llegado la hora de asumir la responsabilidad ciudadana de vigilar a los vigilantes.