Este jueves tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas han salido a rechazar el informe elaborado por Amnistía Internacional respecto de las violaciones a los derechos humanos en Chile en el último mes.

En dicho informe, que se conoció este jueves, Amnistía Internacional concluyó que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.

Asimismo, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, agregó que el Ejército y Carabineros han llevado a cabo “ataques generalizados en contra de la población, usando la fuera de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica”.

Estas conclusiones llevaron a que tanto el Ejecutivo como las Fuerzas Armadas rechazaran tales afirmaciones.

Desde el gobierno fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien tomó la palabra y sostuvo que el documento “sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”.

La subsecretaria fue aún más allá, y afirmó que el texto no tendría "el respaldo correspondiente" para sus "aseveraciones irresponsables".

“El informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones que son irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas”, sostuvo Recabarren, quien recalcó además que “en Chile todos los poderes del estado actúan con plena independencia”.

A las palabras de Recabarren se sumó un comunicado que durante horas de esta tarde emitieron en conjunto las Fuerzas Armadas, donde argumentaron al igual que el gobierno, que su accionar fue legítimo, y que el informe no presentaría pruebas de lo que afirma.

En esa línea, las FF.AA. afirmaron que no se actuó con la intención de “lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social”, como fue denunciado por la ONG.

“Es deber de las FFAA enfatizar que su política de actuación y las de sus mandos durante el estado de excepción constitucional se ajustaron plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza, en tales casos, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad correspondientes”, aseveraron desde las instituciones castrenses, desde donde también agregaron que “ningún caso los mandos de las FFAA ordenaron o toleraron la comisión de delitos”.