FOTOS: @NICOLASROMEROMORENO

El jueves por la tarde tres "drones" sobrevolaron el piquete de primeros auxilios ubicado en el pasaje Santiago Bueras, por Parque Forestal. Los vecinos que colaboran en resguardar el trabajo de los voluntarios de salud dijeron que las cámaras aéreas estuvieron ahí por largo rato.

Iban a ser las 20 horas cuando aparecieron tres patrullas y dos autos de Carabineros en el lugar. La presencia de esta caravana policial negó el acceso y salida de las ambulancias que constantemente están trasladando a los heridos más graves a diversos hospitales y clínicas.  

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Tras haber intentado entrar a la fuerza y un posterior diálogo, tres carabineros ingresaron al pasaje. Dijeron que andaban haciendo seguimiento a un joven que supuestamente tenía bombas incendiarias en su mochila. Justamente se trataba de un paciente. Estaba herido por perdigones en ambas piernas -a pesar que su uso se suspendió desde el martes en la noche. 

Independiente a esto, interrumpieron la atención del herido para revisarle la mochila. No encontraron nada. Ni siquiera una capucha. La policía quería llevárselo inmediatamente detenido. Los brigadistas presionaron hasta que consiguieron que se respetara el protocolo. La ambulancia del SAMU se lo llevó a constatar las lesiones, acompañado por voluntarios de derechos humanos. Eso sí, seguido muy de cerca por los carros de Carabineros, quienes incluso intentaron irse al interior de la ambulancia

Una de las coordinadoras de este piquete, la médica cirujana Amanda Zapata (26), explicó que estas acciones policiales "alteraron el área y nuestra dinámica de trabajo. Son distracciones porque tienes que estar pendiente tanto de la seguridad del personal de salud como de los pacientes. Y en este caso habían cuatro pacientes de distinta gravedad".

A más de un mes de la manifestaciones sociales, la tónica de violencia se ha repetido. Macarena Sagredo (26), estudiante de enfermería de la Universidad Santo Tomás (UST), cuenta que cuando se retiran de los puntos de ayuda, por lo general a eso de las 19:30 horas, Fuerzas Especiales les hace una “encerrona”, lanzando bombas lacrimógenas. Esto lo reconocen como "verdaderas barridas", según cuenta otra profesional que atiende en la Brigada Zona Cero, también instalada en la Plaza Italia. 

Macarena asegura que las Fuerzas Especiales les han tirado gases disuasivos desde Vicuña Mackenna y Parque Bustamante, obligándolos a salir rápidamente de los puntos de ayuda. “Cuando estaba el uso de perdigones  también nos los disparaban”, relata la integrante de la brigada que se ha ubicado frente al teatro de la Universidad de Chile, en la hoy denominada “Plaza la Dignidad”. Es por este mismo actuar, sostienen, que los funcionarios policiales no respetan el derecho a la salud. 

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Recuerda que los primeros días, antes que se taparan las salidas del Metro Baquedano, les tiraban las lacrimógenas y el gas pimienta desde adentro de la estación. Sin embargo, un ejemplo de esto ocurrió durante esta, la quinta semana de manifestaciones.

El miércoles 20 de noviembre, cerca de las 18 horas, Macarena dice que acomodaron un toldo y una cortina para que los pacientes tuvieran privacidad. Pero por detrás de esa cortina, inesperadamente, les tiraron las bombas de gas. “Estábamos atendiendo a dos personas que tenían cortes y quemaduras por lacrimógenas. Después tuvimos que atender a uno de nosotros que se ahogó con la lacrimógena, porque nos pilló desprevenidos”, recuerda.

En la Brigada Zona Cero la experiencia no ha sido distinta. En particular, se refieren a las cuadrillas de rescates que se han visto agredidas. “Un rescatista andino, de la brigada UST, en una acción de salvataje del grupo de avanzada, los atacaron, les tiraron el guanaco y se llevaron detenido a uno de ellos. Con escudo, con casco, con todo”, cuenta la estudiante de derecho, de iniciales S.S.M. (37).

Ese día, el rescatista estuvo en la comisaría desde las siete de la tarde hasta casi las doce de la noche, lo liberaron sin cargos y sin golpes. Querían imputarle desórdenes en la vía pública, pero como no se sustentaba, lo mantuvieron retenido cerca de cuatro horas. Su liberación fue gracias al acompañamiento que realizaron voluntarios de derechos humanos.

El brigadier de Bomberos, H. T. (17) recordó la “encerrona en Río Mapocho” -provocada el lunes 18 de noviembre- y también criticó el actuar de la policía. Esa tarde, se iba retirando por un costado del río junto a sus compañeros de primeros auxilios cuando a lo lejos escucharon un grito fuerte: ‘¡Médico!’. Fueron corriendo y les dijeron que un joven se había tirado al río, escapando de los carabineros que estaban reprimiendo. 

“Lo vimos y los que estaban abajo con él nos dijeron que tenía las dos piernas rotas y una contusión en la cabeza. En ese momento nos preparamos para bajar, buscando los insumos de primeros auxilios básicos y llegó un piquete de funcionarios policiales. Nos dispersaron, no nos dejaron estabilizar al 'cabro'. Nos dijeron: ‘ya, váyanse de acá que están interfiriendo con la labor policial’. Yo les dije: ‘hay un cabro herido allí abajo y estamos intentando ayudar’. Los que estaban abajo trasladaron al chico al otro lado del río por el miedo a los pacos. Ahí dije: 'es muy peligroso quedarse acá', y nos tuvimos que ir”, narra. 

Para S.S.M. esto, sin duda, ha entorpecido la labor de salvataje y ha puesto en serio riesgo la vida de los pacientes. “Tenemos pacientes que están particularmente intoxicados y las vías respiratorias están teniendo reacciones alérgicas. Si no se nos permite ventilar, rescatar y sacar, vamos a tener primero gente con paro cardiorrespiratorio; y segundo, personas que pierden la oportunidad de recuperar su dentadura”, proyecta. 

Sobre esto último, precisa que ya han atendido a personas con impacto de bombas lacrimógenas en la boca con consecuencias como la pérdida de piezas dentales. Pero si no reciben atención de urgencia, pone gravemente en riesgo la recuperación y el éxito del tratamiento.

“Se está muriendo menos gente porque estamos en la calle”

Es bajo este contexto de crisis sanitaria que la organización civil “Salud a la Calle” —integrada por más de 120 profesionales de distintas áreas— presentó un recurso de protección contra el Ministerio del Interior, Carabineros y la Intendencia Metropolitana, con el fin de resguardar el accionar humanitario y la integridad de sus voluntarios durante las manifestaciones. Todo, considerando que desde el inicio de las movilizaciones han atendido a 1.479 personas heridas, de acuerdo a la cifra más reciente. 

Se enfocan en que las actuaciones de carabineros afectan ilegalmente el artículo 19 N° 1 de la Constitución, apuntando a que el uso de violencia en contra de quienes prestan primeros auxilios “no se encuentra autorizada en ninguna parte del ordenamiento jurídico”. 

Para la directora de la organización, Patricia Mieres, los voluntarios se han enfrentado a situaciones de violencia simbólica, como que los piquete policiales se estacionan en el espacio donde podría ingresar una ambulancia del SAMU, hasta daños directos, como las lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de los brigadistas. Tal como lo mencionan en el recurso, destaca que el trabajo en primeros auxilios ha sido fundamental para evitar consecuencias más graves para las personas lesionadas, evitando que, por ejemplo, continúe el sangrado en las condiciones propias de una manifestación, para que así puedan ser trasladados a un centro de atención de salud establecido. 

“En este momento, hay una vulneración al derecho a la vida y al de la salud. Nosotros queremos seguir haciendo nuestro trabajo porque estamos ante una crisis sanitaria. De lo contrario, hay gente que posiblemente pueda fallecer. Es claro que se está muriendo menos gente porque estamos en la calle”, aclara Patricia que, analizando desde el primer día de protestas hasta hoy, cree que, sin duda, el accionar violento de Carabineros se ha intensificado.

Estas semanas la red asistencial de salud se ha visto colapsada por la cantidad de heridos que han llegado a urgencias, por lo que el trabajo en las calles fundamentalmente ha sido de las organizaciones civiles. Esto, expresa el encargado de Derechos Humados del Colegio Médico, Enrique Morales, para garantizar el derecho a salud allí donde el Estado no llega.