Este jueves, Amnistía Internacional presentó los resultados y conclusiones de la investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las protestas que se desataron el pasado 18 de octubre.

Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional dio a conocer las conclusiones, acompañada por Pilar Sanmartín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional, y Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

El organismo destacó que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente, especialmente el Ejército y Carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con Intención de dañar y castigar a manifestantes”.

Junto con esto, detallaron que “al menos 5 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo”.

En esa línea, expusieron que el Ministerio Público ha registrado “más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles o inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos”.

Desde Amnistía destacaron que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”.

"La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional”, agregaron en referencia a Piñera.

El organismo también señaló que "hemos obtenido evidencia, a través de 130 piezas audiovisuales y fotográficas validadas por nuestro equipo experto, del uso innecesario y excesivo de la fuerza”.

Sobre el uso letal de la fuerza, se documentaron “5 muertes en manos de agentes de seguridad del Estado”, confirmando “que el ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados”.

También se pudo constatar “el uso de rifles Galil Ace Y Famae SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas de munición letal”.

Amnistía destacó el caso de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano de 26 años que murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una marcha en la ciudad de La Serena.

En este mismo hecho, “Rolando Robledo fue herido en el tórax por otro disparo de militar, pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo a testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los dos y el ejército volvió a disparar mientras manifestantes los socorrían”, señala el informe.

Finalmente, Amnistía realizó “varias recomendaciones al gobierno, entre ellas la de emprender una reforma profunda a Carabineros. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformarlo para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los Derechos Humanos”.