Este lunes, representantes de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres (Abofem) expusieron una serie de antecedentes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el marco de la recopilación de datos sobre delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre pasado.

Las abogadas dieron cuenta de graves casos de violaciones a los derechos humanos en contra de detenidas mujeres y disidencia sexuales, en el marco del estallido social que vive el país desde octubre pasado, según los antecedentes que ha recabado este organismo.

Según el informe, se registran 60 denuncias de violencia política y sexual cometidas por las fuerzas de orden y seguridad pública, de cuyo total un 95% corresponden a desnudamientos forzosos, revisión de genitales, golpes, burlas, humillaciones y amenazas de violación en contra de las víctimas y/o contra sus familias, ocurridos al interior de comisarías. De estos casos, 40 se han traducido en querellas criminales para esclarecer la posible existencia de delitos y a los eventuales responsables.

Otros hechos denunciados se refieren a violencia física en contra de las afectadas y afectados, así como reclusión de mujeres en celdas de hombres, con el fin de amedrentarlas.

Danitza Pérez, directora del Área Legislativa de Abofem, señaló que estos hechos han sido prácticamente invisibilizados en los noticieros de televisión abierta, así como escasamente abordados en otros medios de comunicación nacionales.

Asimismo la abogada sostuvo que “estas vulneraciones no solo van en contra de las tratados internacionales y tienen carácter derechamente de delitos, sino que también van en contra de los propios protocolos de Carabineros de Chile, organismo que actualizó sus protocolos en marzo de este año y en uno de sus extractos, donde se establecen las obligaciones generales, se señala en primer lugar la posición de garante que adquiere el Estado cuando una persona está privada de libertad y, en ese sentido, lo que corresponde en primer lugar es resguardar la integridad física y psíquica de los detenidos”.

Por su parte, el presidente de la instancia, el senador Alejandro Navarro (PRO), indicó que “la gravedad de las denuncias realizadas por Abofem que dan cuenta que en el 95% de las denuncias recepcionadas existe el patrón común del desnudamiento forzoso de las detenidas, revela que hay una conducta sistemática en el actuar de agentes del estado en cada uno de estos casos”.

En relación a los posibles responsables institucionales de estos actos, Navarró agregó que “son casos invisibilizados, que no han sido abordados públicamente por Carabineros. ¿Quién responde si el general Rozas responde siempre con vacilaciones? El ministro Blumel debe responder, porque se están violando los protocolos, y detrás de cada uno de estos casos hay mujeres, personas que tendrán un trauma inimaginable. No queremos más justificaciones, Chile pide más rectitud y transparencia por parte de Carabineros".