La ministra en visita, Romy Rutherford, que está investigando casos de corrupción en el Ejército, denunció a la fiscal militar, Paola Jofré, ante el Pleno de la Corte Marcial. ¿La razón? Jofré pidió información a la Policía de Investigaciones (PDI) para averiguar porqué un alto oficial en retiro de la institución castrense estaba citado por la PDI a dar testimonio.

El 12 de septiembre se conocieron los hechos. Ese día la comisaria de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef), Mónica Guarategua, reveló que una colega de otra unidad policial le solicitó averiguar, por orden de Jofré, cuál era la razón por la que el exjefe de la Brigada Aérea del Ejército, el general en retiro Antonio Yakcich, estaba siendo llamado a declarar.

Según informó Reportajes Bíobío, el relato de la detective llegó a oídos de Rutherford, quien se contactó por teléfono de inmediato con la fiscal Jofré haciéndole presente la irregularidad, ya que la citación refería a la indagatoria que sustancia en un cuaderno separado por supuestas irregularidades en la compra de helicópteros Puma.

Jofré le reconoció que realizaba las averiguaciones por orden del auditor del Juzgado Militar de Santiago, coronel José Ignacio Garmendia, y que también que lo hacía en una causa ajena a su competencia.

La situación encendió las alarmas en el tribunal donde trabaja Rutherford. El caso de las intercepciones telefónicas, amparadas por la Ley de Inteligencia, que realizó el Ejército a exmilitares que denunciaban delitos de corrupción estaba fresco. Además, estaban los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional (TC) que intentaron evitar procesamientos, entre otros del excomandante en Jefe, Humberto Oviedo. De esta manera, los contactos que hizo la fiscal Jofré se convirtieron en una certificación en el expediente siendo remitida a la Corte Marcial bajo el oficio 596.

Actualmente, la presentación hecha por la magistrada está en manos del tribunal de alzada castrense, que ordenó a la fiscal Jofré realizar un informe para que explique su actuar. Los ministros solicitarán más antecedentes si encuentran anomalías, con miras a establecer si el llamado a la PDI constituyó una falta administrativa o un eventual delito. Si así es el caso, se iniciará una investigación para establecer las responsabilidades que correspondan.

Cabe recordar que Rutherford revisa varios casos de corrupción en contra del Ejército, entre ellos el llamado "milicogate" por el uso ilegal de los fondos reservados de la antigua Ley del Cobre que asciende a más de 10 millones de dólares. A este se suma la arista "agencias de turismo", la que trata la compra de pasajes por generales del alto mando, que los cambiaban por otros más baratos, usando esos dineros para viajar a Disney, Punta Cana, Europa o bien embolsarse la diferencia.