En un documento publicado en el sitio web de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), con fecha del 2 de octubre de este año, la agrupación gremial da argumentos legislativos y económicos en contra de 23 proyectos de ley, casi exclusivamente de la oposición, que desde su perspectiva amenazan el crecimiento económico e industrial.

El texto titulado "Riesgos al Crecimiento en la Angenda Legislativa", enumera entre los 23 proyectos que presentan "un riesgo para el crecimiento", a proyectos como los que vienen a reformar el Código de Aguas, a proteger humedales y glaciares, a reducir la jornada laboral semanal (40 horas), a regular el subcontrato y el precio de los fármacos, entre otros.

El documento reconoce que "si bien la mayoría de los proyectos de ley identificados tiene por finalidad la protección de un bien público de gran relevancia social y ambiental (glaciares, humedales, aguas, entre otros), los instrumentos de política pública utilizados para alcanzar dichos fines introducen riesgos relacionados con el desafío de elevar nuestro crecimiento potencial".

En la misma postura estratégica, el texto afirma que "individualmente cada proyecto de ley no necesariamente goza de un protagonismo en el debate público, pero en su conjunto todos ellos representan una agenda que merece un seguimiento y atención particular respecto de su avance y tramitación legislativa".

Uno de los primeros proyectos en ser mencionado en el documento es el que busca recudir la jornada laboral semanal a 40 horas.

En este tema, el texto que divide cada proyecto en las categorías: autores, estado de tramitación, objetivo, impacto económico e  impacto legislativo, critica derechamente el desarrollo legislativo del proyecto, reprochando incluso acciones particulares de la diputada Gael Yeomans, y omitiendo el supuesto riesgo al crecimiento que el proyecto traería.

"La iniciativa se aprobó aun cuando la mesa de la Cámara en dos oportunidades la declaró inadmisible por incidir en las remuneraciones y tener gasto fiscal. La secretaría de la Comisión declaró, asimismo, que la iniciativa debía ser conocida por la Comisión de Hacienda, pero la presidenta Gael Yeomans no lo estimó así, a pesar del informe de DIPRES hecho llegar a la comisión", dice el documento.

"Además, la iniciativa se puso en tabla de la comisión infringiendo todas las normas de prelación de proyectos y las urgencias constitucionales, lo cual contraviene la Ley Orgánica del Congreso y los resguardos constitucionales de las minorías en el Parlamento", agrega el texto.

Otro proyecto potencialmente peligroso para el crecimiento según el documento de la SOFOFA es el de Protección de Glaciares. El proyecto presentado el 4 de julio de 2018 y que hoy se encuentra cumpliendo su primer trámite constitucional en la Comisión de Minería y Energía del Senado, es criticado desde la asociación gremial porque puede "limitar o arriesgar el desarrollo o ejecución de actividades productivas tales como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera", según el documento.

También en materia ambiental, sobre el proyecto que establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación,  la SOFOFA en su texto critica nuevamente supuestas deficiencias de la legislación afirmando que "sustrae competencias a los tribunales ambientales y a la Superintendencia del Medio Ambiente otorgándoselas a los Juzgados de Policía Local".

Uno de los pocos proyectos del Gobierno que el documento revisa, es la Reforma Previsional. En este punto, el texto solo toca el tema de la administración del 4%, sobre el que dice que representa un "riesgo que la entidad pública a cargo de la administración de la cotización adicional utilice los fondos de pensiones para financiar proyectos o actividades del Estado adoptando criterios políticos en las decisiones de inversión por sobre el objetivo de otorgar la mejor combinación de riesgo y rentabilidad en beneficio de los cotizantes".

Un último proyecto de ley de los 23 que el documento revisa, es el que trae una reforma al código de Aguas. El boletín ingresado en marzo de 2011, y que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Agricultura del Senado, cobra hoy aún más relevancia dado el contexto actual de mayor  preocupación por el bien vital.

El objetivo de dicha iniciativa es "dar estabilidad al abastecimiento de agua potable y prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local, consagrando una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción del derecho de aprovechamiento de aguas y para la fiscalización y gestión de la DGA".

A pesar de esto, para la SOFOFA el proyecto "introduce incertidumbre para los inversionistas de todos los sectores al precarizarse los atributos de uso, goce y disposición del derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas y perderse la confianza legítima en la legislación para el desarrollo de actividades productivas que requieren de inversiones de largo plazo, estableciendo un precedente en la afectación de la certeza jurídica que provee el derecho de propiedad y la vulneración de su resguardo constitucional".