La investigación penal y administrativa que debió enfrentar durante meses el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, y que concluyó con una solicitud de remoción, tuvo la atención de todos los medios de comunicación. Sin embargo, al interior de la organización, los funcionarios acusan una falta de igualdad en el trato que el fiscal nacional, Jorge Abott, otorga a las denuncias que pesan sobre los fiscales que están bajo su cargo.

Tal es el caso del fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, sobre quien recaen una serie de denuncias relacionadas "con faltas graves a la probidad administrativa, prácticas antisindicales, discriminación de género y omisiones en las investigaciones relacionadas con prácticas de nepotismo", dijeron desde FENAMIP.

La federación afirma que hace meses se realizaron las denuncias a la autoridad nacional, sin embargo "a la fecha desconocemos que se haya iniciado alguna indagatoria dentro del Ministerio Público. Todas estas situaciones han quedado sin sanción y en algunos casos, se evidencia la clara negativa a investigar las mismas, lo que consideramos un claro abandono de sus funciones".

Por esto, los funcionarios enfatizaron la necesidad de contar con un mecanismo de control externo para el Ministerio Público, cuya fiscalización garantice una investigación objetiva, ante las denuncias realizadas por miembros de la propia organización.

Esta petición fue realizada por los trabajadores de la entidad en variadas ocasiones. De hecho, recordaron que incluso se reunieron en el mes de julio con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien, según los funcionarios, no fue capaz de entregarles una respuesta clara y definitiva.

Esta situación de autonomía que goza el Ministerio Público, provoca además "que las denuncias realizadas por los dirigentes de la Institución, tengan menos valor que una efectuada por un fiscal adjunto, como es el caso del denominado 'desastre de Rancagua'", dijo Fabio Trujillo, presidente de FENAMIP, quien además enfatizó que "el no acoger las denuncias de las asociaciones, evidencia una desigualdad en el trato y una desvalorización del rol sindical".