La Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para evaluar la actuación de varios ministerios, desde 2010 a la fecha, respecto a la administración y gestión de recursos hídricos para enfrentar la grave sequía que afecta a muchas regiones del país y la adaptación al cambio climático.

La idea de los parlamentarios es investigar la manera en la que los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura e Interior, así como de sus órganos y servicios dependientes, se están destinando recursos y aplicando instrumentos en esta materia.

Específicamente, desde la Cámara de Diputados, informaron que el objetivo es "contar con una visión sistemática para poder ajustar el rumbo y proponer nuevas soluciones de cara a los desafíos de la sequía y del cambio climático".

La Comisión investigadora tendrá 90 días de plazo para entregar su informe a la Sala de la Cámara de Diputados.

La medida fue propuesta por 64 diputados y aprobada por 62 votos a favor, 27 en contra y 18 abstenciones. Y señala que desde el año 2010 Chile ha sufrido un déficit de precipitaciones que se ha denominado "megasequía" que se explica en parte por fenómenos naturales de variabilidad climática pero también por causas de la actividad humana como la disminución del ozono troposférico y del aumento de los gases de efecto invernadero a escala global.

El texto también explica que durante este año la sequía golpeó al sector de los ganaderos afectando a varias zonas del la zona centro-sur, donde solo el pasado mes de agosto se registraron hasta 10.000 animales muertos producto de la sequía, con proyecciones de que el periodo de primavera y verano, agudice más la situación.

Cabe recordar que el Gobierno declaró en estado de emergencia agrícola a las regiones de Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins y Maule, para enfrentar la dura sequía que afecta al país desde hace diez años, con el déficit de precipitaciones llegando al 70%.

Con la región de Valparaíso, el Gobierno fue un poco más lejos y decretó el estado de catástrofe por sequía, una medida que eleva el nivel de emergencia y amplía las facultades de las autoridades para tomar medidas.